En medio de un clima de creciente conflictividad social y con la mirada puesta en la defensa de los derechos laborales, las dos centrales sindicales más importantes del país —la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA-T), conducida por Hugo Yasky, y la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A), liderada por Hugo “Cachorro” Godoy— convocaron a un plenario conjunto de sus mesas nacionales para el próximo martes 3 de febrero.
El objetivo será definir un plan de acción federal contra la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional, a la que califican de “antisindical” y comparan con la polémica Ley Banelco sancionada en el año 2000.
Un proyecto cuestionado por su carácter regresivo
A través de un comunicado difundido el 23 de enero, las centrales obreras denunciaron que la iniciativa oficial constituye “una copia corregida y aumentada de la tristemente célebre Ley Banelco”, señalando que se trata de un proyecto regresivo que busca debilitar la capacidad de negociación de los sindicatos y dejar desprotegidos a los trabajadores.
Entre los puntos más críticos, el documento destaca:
- Atomización de las paritarias: la reforma pretende fragmentar las discusiones salariales mediante la caída de los convenios colectivos nacionales, debilitando la fuerza de negociación de los gremios.
- Ataque a derechos fundamentales: se advierte sobre el abaratamiento de los despidos, la virtual anulación del derecho de huelga y la imposición de restricciones para realizar asambleas.
- Fondo de Asistencia Laboral (FAL): las CTA consideran esta propuesta un “botín de guerra” para el sector financiero, ya que los despidos se financiarían con un aporte del 3% extraído de los recursos de la seguridad social.
Estrategia federal y presión política
Los dirigentes sindicales remarcaron que ningún gobernador debería ser “cómplice de la sanción de esta ley”. En ese sentido, el plenario del 3 de febrero definirá un plan de acción que comenzará con una etapa de despliegue en las provincias, para luego confluir en medidas de alcance nacional. La estrategia apunta a presionar políticamente en los territorios y a construir un frente amplio de rechazo que trascienda las fronteras sindicales.
Contexto de crisis social
La convocatoria se produce en un escenario marcado por una ola de despidos, el deterioro del poder adquisitivo de los salarios y el aumento de la conflictividad laboral. Para las CTA, resulta “inadmisible” que el Ejecutivo intente avanzar con una legislación que, lejos de ofrecer soluciones, profundizaría el daño social generado por las políticas económicas del actual gobierno.
Unidad sindical frente al desafío
Finalmente, las dos centrales ratificaron su rechazo integral al proyecto y reafirmaron su compromiso de construir la mayor unidad posible para frenar lo que consideran un ataque directo al Estado Social de Derecho. “La reforma laboral no es solo un retroceso en materia de derechos, es un intento de disciplinar al movimiento obrero y de debilitar la organización colectiva de los trabajadores”, señalaron.
El plenario del 3 de febrero se perfila como un punto de inflexión en la estrategia sindical frente al gobierno de Javier Milei. Allí se definirá no solo el calendario de medidas de fuerza, sino también la articulación con otros sectores sociales y políticos que comparten la preocupación por el rumbo de la reforma.