El Gobierno nacional reglamentó este miércoles la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad (N° 27.793) mediante el Decreto 84/2026, publicado en el Boletín Oficial, y puso en marcha un nuevo régimen de pensiones no contributivas por discapacidad. La medida, firmada por el presidente Javier Milei, se produjo tras un fallo judicial que declaró inválido el intento del Ejecutivo de suspender la aplicación de la norma y ordenó su ejecución inmediata.
Un nuevo esquema de pensiones
El decreto establece la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, que reemplaza y unifica las prestaciones anteriores. Entre los puntos más relevantes se destacan:
- Criterios de acceso y permanencia, con evaluación socioeconómica y revisiones periódicas.
- Incompatibilidades con otros beneficios, para evitar duplicidades o superposiciones.
- Controles de auditoría a través de la Secretaría Nacional de Discapacidad.
- Conversión automática de pensiones otorgadas previamente, con relevamiento y verificación de las prestaciones vigentes.
La reglamentación también incorpora a la Secretaría Nacional de Discapacidad dentro del Ministerio de Salud y ordena convocar al Consejo Federal de Discapacidad en un plazo de 30 días para acordar parámetros operativos y auditorías.
Una ley marcada por tensiones políticas
La sanción de la ley en 2025 estuvo atravesada por fuertes tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento. El Gobierno había vetado la norma en agosto de ese año, junto con otras leyes sociales, argumentando falta de fondos y riesgos fiscales. Sin embargo, el Congreso insistió en su aprobación con mayoría calificada, lo que obligó a su promulgación.
La reglamentación se demoró hasta que la Justicia intervino y ordenó su ejecución inmediata, dejando sin efecto la suspensión condicionada que había intentado el Ejecutivo.
Dudas sobre el financiamiento
Pese a la reglamentación, persisten interrogantes sobre la viabilidad financiera del nuevo régimen. Analistas y organizaciones sociales advierten que los criterios de “compatibilidad con recursos disponibles” y los acuerdos de cofinanciamiento con provincias podrían resultar insuficientes para cubrir las necesidades del sector.
El sistema de discapacidad arrastra reclamos por actualizaciones de prestaciones y deudas acumuladas, lo que genera incertidumbre sobre la capacidad del Estado para garantizar la cobertura integral.
La presión judicial y las demandas sociales
La Justicia recordó al Gobierno que la ley debe estar en plena ejecución desde el 4 de febrero, lo que obliga a acelerar la implementación.
Organizaciones del colectivo de personas con discapacidad celebraron la sanción de la ley como un paso hacia la garantía de derechos básicos en salud, educación, trabajo e inclusión social. Sin embargo, también criticaron las demoras y la falta de claridad sobre el financiamiento, señalando que el proceso judicial expuso la tensión entre las prioridades fiscales del Ejecutivo y las demandas de un sector históricamente marginado.