En una decisión que reconfigura el mapa judicial del caso, la Cámara Federal porteña resolvió que la jueza María Eugenia Capuchetti sea quien continúe investigando todas las denuncias vinculadas a los créditos del Banco Nación otorgados a funcionarios y diputados aliados del oficialismo. El fallo, firmado por el camarista Eduardo Farah, desplazó al juez Ariel Lijo, quien también tenía causas abiertas sobre el mismo asunto.
La resolución, fechada este lunes, determinó que las denuncias presentadas entre el 2 y el 13 de abril investigan “los aspectos fácticos de un mismo suceso”, por lo que corresponde aplicar las reglas de conexidad previstas en la Acordada 4/2017, que establece que los expedientes repetidos deben unificarse en el juzgado que recibió la primera denuncia válida.
Ese expediente es el 1364/2026, radicado en el Juzgado Federal N.º 5 de Capuchetti. Allí tramitan las denuncias de Daniel Sarwer, la diputada Mónica Frade, Alejandro Díaz Pascual y Fernando Miguez.
Farah incluso cuestionó la presentación de Sarwer, al señalar que “carece de los requisitos mínimos” del Código Procesal y de “un mínimo de lógica no exclusivamente jurídica”.
La disputa entre Capuchetti y Lijo por quedarse con la causa
El fallo también dejó al descubierto el interés de ambos juzgados por quedarse con el expediente. El 22 de abril, Capuchetti pidió a Lijo que se inhibiera en las causas 1353/2026 y 1360/2026. Una semana después, el juez del Juzgado Federal N.º 4 rechazó el pedido y reclamó que fuera Capuchetti quien se apartara, argumentando que él tenía otras dos denuncias previas.
Farah zanjó la disputa: la causa queda en manos de Capuchetti.
La denuncia de Frade y el foco en los créditos millonarios
Una de las denuncias más relevantes es la de la diputada Mónica Frade (Coalición Cívica), quien puso la lupa sobre el caso de Federico Sharif Menem, secretario y mano derecha del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Sharif Menem obtuvo un crédito de $350 millones, pese a tener un salario de alrededor de $3 millones mensuales al momento del otorgamiento.
Frade cuestionó la existencia de tasas preferenciales y advirtió sobre posibles violaciones a la Ley de Ética Pública:
“Los funcionarios no pueden recibir ningún trato preferente ni privilegio en el ejercicio de sus funciones”.
La diputada también apuntó al presidente del Banco Nación, Darío Wasserman, quien asumió en diciembre y es esposo de la legisladora porteña de La Libertad Avanza Pilar Ramírez, cercana a Karina Milei.
Quiénes son los funcionarios y legisladores beneficiados
La lista de beneficiarios incluye a funcionarios de primera línea del Gobierno y a diputados oficialistas o aliados. Entre ellos:
Funcionarios nacionales
- Juan Pedro Inchauspe (director del Banco Central): crédito equivalente a US$ 350.000.
- Felipe Núñez (asesor de Economía y director del BICE): US$ 350.000.
- Federico Furiase (secretario de Finanzas): US$ 276.000.
- Emiliano Mongilardi (director de YPF): más de US$ 200.000.
- Juan Pablo Carreira (comunicación oficial): US$ 77.000.
Diputados oficialistas o aliados
- Mariano Campero, Santiago Santurio, Lorena Villaverde: entre US$ 200.000 y US$ 240.000.
- Otros legisladores: montos cercanos a US$ 145.000.
El único funcionario desplazado hasta ahora fue Leandro Massaccesi, exjefe de Gabinete del Ministerio de Capital Humano, quien recibió un crédito de casi $420 millones. La ministra Sandra Pettovello le pidió la renuncia.
Caputo defendió a sus funcionarios: “No hay nada ilegal ni inmoral”
A diferencia de Pettovello, el ministro de Economía Luis Caputo defendió públicamente a los funcionarios que accedieron a los créditos. En una entrevista televisiva afirmó:
“No hay nada ilegal y mucho menos inmoral”.
Incluso admitió haberlos alentado:
“Yo le digo a todo el mundo, desde funcionarios hasta amigos: vayan a tomar créditos hipotecarios porque es una oportunidad única”.
Qué implica el fallo y qué viene ahora
Con la decisión de Farah, todas las denuncias quedan unificadas en el juzgado de Capuchetti, que deberá:
- Analizar si hubo trato preferencial o abuso de poder.
- Investigar si se violó la Ley de Ética Pública.
- Determinar si los créditos se otorgaron con criterios excepcionales o fuera de normativa.
- Evaluar la responsabilidad de funcionarios del Banco Nación.
El fallo también desplaza a Lijo de un expediente que había generado interés político, en un contexto en el que su nombre suena para integrar la Corte Suprema.
La causa recién comienza, pero ya involucra a funcionarios clave del Gobierno, legisladores aliados y al propio presidente del Banco Nación. El impacto político promete escalar.