El Gobierno promulgó este lunes la Ley 27.801, que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil y reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
La normativa, aprobada en el Senado con 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención, fue publicada en el Boletín Oficial mediante el decreto 138/2026 y marca un cambio sustancial en el sistema de sanciones aplicables a adolescentes que cometan delitos.
Un régimen orientado a la educación y resocialización
El texto oficial subraya que el objetivo central es fomentar en los jóvenes imputados el “sentido de la responsabilidad legal por sus actos” y garantizar su educación, resocialización e integración social. La ley contempla penas privativas de libertad en casos específicos, pero establece que la privación de libertad será siempre el último recurso y por el tiempo más breve posible.
El nuevo régimen fija un máximo de 15 años de detención, prohíbe las penas perpetuas o indefinidas y descarta la imposición de antecedentes penales permanentes. Además, exige que los adolescentes detenidos sean alojados en dependencias especiales, bajo la dirección de personal capacitado, y nunca junto a adultos.
Procedimientos judiciales y especialización
La normativa establece que los procesos deberán tramitarse con celeridad, priorizando los casos en los que el imputado se encuentre bajo prisión preventiva. La dilación injustificada será considerada falta grave del magistrado interviniente.
Asimismo, se dispone la especialización obligatoria de jueces, fiscales y defensores en materia penal juvenil, con el fin de garantizar un abordaje adecuado y diferenciado respecto del sistema penal de adultos.
En los casos de menores inimputables, la ley prevé la intervención judicial para investigar el hecho y aplicar medidas curativas o protectoras en el marco de la justicia civil.
Derechos de las víctimas y responsabilidad de los progenitores
La nueva legislación reconoce expresamente los derechos de las víctimas, asegurando su participación activa en el proceso, el acceso a información sobre la causa y mecanismos de reparación.
Además, habilita la responsabilidad civil de los progenitores o responsables legales de los adolescentes imputados, quienes podrán ser llamados a responder patrimonialmente por los daños ocasionados. También contempla instancias de conciliación o mediación, siempre que la víctima lo acepte de manera libre e informada.
Un debate con fuerte impacto social
La sanción del nuevo Régimen Penal Juvenil reaviva el debate sobre la seguridad, la justicia y la protección de los derechos de los adolescentes. Mientras el Gobierno defiende la medida como un paso hacia la modernización del sistema penal y la reducción de la reincidencia, sectores críticos advierten sobre el riesgo de criminalizar aún más a la juventud en un contexto de crisis social y económica.