La etapa final de la megacausa por lavado conocida como la “Ruta del dinero K” expuso un escenario de fuertes contrastes dentro del sistema judicial. Mientras la Cámara Federal de Casación Penal confirmó una multa de USD 109 millones contra el excontador de Lázaro Báez, Claudio Fernando Bustos, el mismo tribunal abrió la puerta para que otro condenado, el empresario Juan Carlos Molinari, pueda cancelar su sanción económica mediante un plan de pagos.
La resolución revela una Justicia que, en la fase de ejecución de penas, enfrenta dificultades para recuperar los fondos ilícitos y al mismo tiempo debe lidiar con realidades patrimoniales extremadamente dispares entre los condenados.
Un excontador con una multa millonaria y sin recursos
Bustos, quien fue apoderado de Austral Construcciones, recibió la confirmación de una multa que supera los USD 109 millones, calculados al tipo de cambio oficial. Sin embargo, los informes socioambientales incorporados al expediente muestran una situación personal dramática: vive en una vivienda de mantenimiento básico en un barrio popular de Córdoba, sin red de cloacas, y convive con su madre de 96 años y un hermano con discapacidad.
La defensa cuestionó que la multa se fijara en dólares y pidió que se aplicara la cotización vigente al momento de los hechos —más de una década atrás—, lo que reduciría drásticamente el monto. Pero el juez Gustavo Hornos rechazó el planteo y sostuvo que la actualización es necesaria para evitar que la sanción pierda valor real.
El caso Molinari: cuotas, embargos y un giro favorable
En el extremo opuesto aparece Juan Carlos Molinari, empresario conocido por haber financiado con USD 480.000 la fiesta de casamiento de Leonardo Fariña y Karina Jelinek, maniobra que utilizó para promocionar su agencia de autos de lujo.
Condenado a tres años y medio de prisión y una multa de USD 2,2 millones, Molinari solicitó pagar en 48 cuotas, con seis meses de gracia, y pidió además el levantamiento de embargos sobre propiedades valuadas en unos USD 55 millones.
Un tribunal inferior había rechazado el pedido, pero la Sala IV de Casación —con votos de Javier Carbajo y Mariano Borinsky— anuló esa decisión y ordenó que se evalúe el plan de pagos. Los jueces argumentaron que el sistema debe buscar mecanismos realistas de cumplimiento, y que medidas cautelares excesivas pueden obstaculizar el recupero efectivo de los fondos.
Hornos volvió a quedar en minoría: defendió la ejecución inmediata de la multa y cuestionó flexibilizar restricciones sobre un patrimonio millonario en un caso de lavado.
Una condena histórica y un nuevo desafío: cobrar
Hace un año, la Corte Suprema dejó firmes todas las condenas de la causa, dando por acreditado un esquema para blanquear más de USD 55 millones entre 2010 y 2013 mediante facturas apócrifas y transferencias internacionales. El caso alcanzó notoriedad pública por las imágenes de la financiera “La Rosadita”, donde se veía a los involucrados contando fajos de dinero.
Con las penas de prisión ya definidas —incluidos los 14 años unificados para Lázaro Báez—, el foco ahora está puesto en el recupero económico, un terreno donde la Justicia enfrenta un laberinto de embargos, pedidos de quiebra, solicitudes de cuotas y patrimonios que, en algunos casos, parecen evaporados.
El desafío es monumental: transformar condenas millonarias en dinero real para el Estado.