La media sanción obtenida por el Gobierno en la Cámara de Diputados este 20 de mayo reactivó el debate sobre el futuro del Régimen de Zona Fría y el impacto que tendría su reforma sobre millones de hogares. Según estimaciones de la Secretaría de Energía, 3,2 millones de usuarios residenciales podrían quedar fuera del beneficio si el proyecto se convierte en ley. Solo en la provincia de Buenos Aires, la medida alcanzaría a 1,3 millones de usuarios.
El oficialismo busca reemplazar el criterio geográfico por un esquema de segmentación socioeconómica, restringiendo el subsidio a hogares vulnerables incluidos en el nuevo sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).
Qué cambia el proyecto aprobado en Diputados
La iniciativa no elimina el régimen, pero sí redefine quiénes podrán conservarlo. El texto sostiene que la ampliación de 2021 —Ley 27.637— extendió el beneficio a zonas “sin condiciones climáticas equivalentes”, lo que habría incrementado el costo fiscal y desnaturalizado el carácter focalizado del sistema.
El nuevo esquema propone:
- Mantener el beneficio pleno solo para:
- Patagonia,
- Malargüe,
- Región de la Puna.
- Limitar el subsidio adicional a usuarios:
- inscriptos en el SEF,
- con ingresos familiares menores o iguales a tres Canastas Básicas Totales,
- con Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP,
- o beneficiarios de pensiones para Veteranos de Malvinas.
- Aplicar el subsidio solo sobre el precio del gas en origen, excluyendo transporte y distribución.
- Establecer una compensación directa a productores y proveedores.
Por qué el Gobierno impulsa la reforma
El Poder Ejecutivo argumenta que la ampliación de 2021 generó:
- un aumento significativo del universo de beneficiarios,
- un incremento del costo fiscal,
- y subsidios cruzados entre jurisdicciones.
Además, sostiene que el recargo del 7,5% que financia el régimen “no alcanza” para cubrir los costos, lo que habría provocado rupturas en la cadena de pagos del gas a productores.
La reforma forma parte de un paquete energético más amplio que incluye:
- Mercado Eléctrico Mayorista,
- tarifas eléctricas,
- energías renovables,
- hidrocarburos,
- y normalización financiera del sistema energético.
El proyecto también habilita al Ejecutivo a aumentar o reducir hasta en un 50% el recargo aplicado al gas para financiar el Fondo Fiduciario, vigente hasta 2031.
Quiénes podrían perder el subsidio
El punto más sensible es el impacto sobre los usuarios incorporados tras la ampliación de 2021. Si el proyecto se aprueba en el Senado:
- solo conservarán el beneficio quienes cumplan criterios socioeconómicos,
- ya no bastará con residir en una zona incluida,
- y millones de hogares de provincias del centro y norte del país podrían quedar excluidos.
En números: 3,2 millones de usuarios perderían el subsidio adicional si no califican para el SEF.
Qué puede pasar en el Senado
Con la media sanción en Diputados, el proyecto quedó en manos del Senado, donde se definirá si el nuevo esquema se convierte en ley. La discusión promete ser intensa, especialmente en provincias donde la ampliación de 2021 tuvo fuerte impacto político y económico.
El debate central será si el subsidio debe seguir siendo territorial, como hasta ahora, o si debe transformarse en un beneficio focalizado por ingresos, como propone el Gobierno.