La Justicia provincial declaró inimputable a Gino C., el adolescente de 15 años que asesinó a su compañero Ian Cabrera en la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de San Cristóbal. La resolución implica que el joven no enfrentará un juicio ni recibirá una condena penal, ya que la nueva Ley Penal Juvenil entrará en vigencia recién el próximo 5 de septiembre.
Aunque el fallo bloquea cualquier medida cautelar privativa de la libertad, el menor continuará alojado en un instituto de menores en la capital santafesina, bajo la supervisión de un equipo interdisciplinario que evaluará posibles medidas de carácter curativo.
Una transición legal clave
Los fiscales Carlos Vottero y Luis Schiappa Pietra explicaron que el Ministerio Público de la Acusación carece de herramientas legales para avanzar en un proceso penal tradicional. La actual ley 22.278 establece la inimputabilidad para menores de 16 años, y el nuevo régimen aún no está vigente.
“Si el ataque se hubiera producido después de septiembre, el destino judicial del menor sería drásticamente distinto”, señalaron los funcionarios, quienes confirmaron que la carátula del caso es “homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego”.
Crimen con planificación
Lejos de tratarse de un acto impulsivo, la fiscalía reveló que el ataque tuvo “cierta planificación”, atravesada por vínculos familiares y relaciones en redes sociales. Los investigadores descartaron la hipótesis de un estallido repentino y analizan el comportamiento previo del adolescente para reconstruir cómo se gestó el asesinato dentro del aula.
El clima de la audiencia reflejó la tensión extrema del caso. El acusado no estuvo presente por pedido de los fiscales, mientras que los padres de la víctima también decidieron ausentarse. La defensa, a cargo de Mariana Oroño, indicó que los padres del agresor “llevan la situación como pueden” y que hasta el momento no hubo contacto ni pedido de disculpas hacia la familia de Ian, quien fue despedido el martes en una emotiva ceremonia.
Operativos y entorno familiar
La policía provincial allanó la vivienda del menor y, al día siguiente, la Policía Federal realizó un segundo operativo en la misma propiedad y en un comercio de la familia. Aunque no se detallaron los elementos secuestrados, las medidas apuntan a esclarecer el entorno íntimo del adolescente y posibles influencias externas.
Medidas alternativas
Ante la imposibilidad de aplicar sanciones penales, la defensa evalúa la derivación del joven a un establecimiento de salud especializado. El objetivo es que reciba un abordaje interdisciplinario y medidas curativas, clausurando cualquier perspectiva de encierro carcelario.
La resolución judicial, atrapada en la transición entre dos regímenes legales, reabre el debate sobre la responsabilidad penal juvenil y la capacidad del sistema para responder a hechos de extrema gravedad cometidos por menores de edad.