El reclamo original del fondo es por los supuestos daños que había generado al resto de los accionistas de la petrolera argentina, luego del pago que se les hiciera a los españoles de Repsol por la reestatización del 49% de YPF en 2012. Burford les había comprado a dos empresas españolas, Petersen Energía SAU y Petersen Inversora SAU (sin vinculaciones ya en ese momento con el grupo argentino Petersen desde que se presentó en concurso y posterior quiebra en 2012 en los tribunales españoles), el privilegio de presentar un caso contra la República Argentina y contra YPF, luego de la expropiación de Repsol en 2012. Finalmente, el 11 de julio de ese año, la compañía anunció que había comprado al fondo estadounidense Eton Park Capital una participación del 70% en un caso similar presentado contra el soberano e YPF en 2016.
Para muchos, la necesidad de una reestatización de la petrolera era necesaria. Repsol estaba haciendo un desastre, invirtiendo más en Libia que en Argentina. Se razona además que, ante la aparición de Vaca Muerta, el proyecto de desarrollo de ese yacimiento debía tener como principal operador a una empresa argentina, en lo posible estatal.
El juicio no fue por la decisión de reestatizar, cuestión que era necesaria. Es por la manera en que se reestatizó; y el acusado fue siempre el Estado argentino y no la empresa petrolera.
En la decisión de reestatización de 2012 se decidió pagar unos US$ 6 mil millones a Repsol, pero no aplicar la OPA. Se decide, además, dejar de distribuir dividendos a los accionistas. El Grupo Petersen había acordado con Repsol pagar parte del 25,46% de las acciones a través del giro de esos dividendos. Como ya no se giraba el dinero, Petersen, a través de Petersen Energía y Petersen Inversora, se presenta en concurso (y posterior quiebra) en los tribunales comerciales de Madrid. Desde ese momento, el Grupo Petersen deja de tener que ver con esta causa y, en consecuencia, probablemente no reciba un solo dólar de este caso (crean o no, es así). El síndico de la causa radicada en Madrid le vendió la causa –esto es habitual– el 4 de mayo de 2015. La compra Burford en 15 millones de dólares. Lo hace a través de Prospect Capital (una subsidiaria semisecreta, para que no se sepa que Burford estaba detrás). Luego ampliaría “la inversión” en 70 millones de dólares.
En septiembre de 2015, Burford se presenta en los tribunales de Nueva York. Por sorteo, le toca Loretta Preska, heredera del sillón de Thomas Griesa como jueza de primera instancia en el Distrito Sur de Nueva York.
Entre diciembre de 2016 y marzo de 2018, Preska se toma su tiempo para analizar las leyes cruzadas de Argentina y EE.UU. En marzo de 2019 define que las normas de la SEC son más importantes que las leyes locales. Se basa, otra vez, en jurisprudencia de EE.UU.
En septiembre de 2023 falla a favor de Burford y de un segundo demandante llamado Eton Park (Dios sabe quién está atrás de estos).
El problema reclamado por Burford fue no haber extendido el pago a Repsol a una oferta al resto de los accionistas. Luego estos podían aceptarla o no, pero era obligación, por estatuto, abrir la oferta al 49% de los accionistas.
El fallo de fondo en primera instancia fue el de septiembre de 2023. Ahí se perdió el juicio. Argentina está obligada por leyes locales a apelar. De no hacerlo, al Presidente en ejercicio le cabe la acusación de mal ejercicio en sus funciones.
Ahora la Cámara de Apelaciones refutó los argumentos de Preska y obliga a la jueza a replantear su fallo, sobre la base que la razón legal la tiene Argentina, y no los demandantes.