La Casa Rosada confirmó que no intervendrá en la adjudicación del gasoducto de Vaca Muerta a la firma india Welspun, pese a que la compañía fue sancionada en Estados Unidos por recibir subsidios estatales equivalentes al 541%. Mientras la Secretaría de Comercio mantiene abierta la vía técnica para una eventual denuncia por dumping, cerca del holding de Paolo Rocca advierten que lo que está en juego excede la licitación y toca un aspecto central: la industrialización de los recursos naturales argentinos.
Una disputa que trasciende lo comercial
La derrota de Techint en la licitación del gasoducto dejó de ser un episodio meramente empresarial para transformarse en un conflicto de modelo económico. La operación abrió una grieta entre el Gobierno y el establishment industrial: ¿debe privilegiarse a un proveedor nacional en una obra estratégica o la eficiencia de costos es el único mandato válido? En este escenario, el Ejecutivo cerró la puerta política a cualquier intento de protección, aunque la vía administrativa para denunciar dumping sigue técnicamente disponible y cuenta con antecedentes internacionales de peso.
La definición fue ratificada tanto por el presidente Javier Milei como por el asesor económico Federico Sturzenegger, en respuesta al pedido que Rocca había realizado en la última Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), donde reclamó “intervento” y “política industrial”. El mensaje oficial fue contundente: el precio más barato es lo que importa para reducir el denominado “costo argentino”. Milei incluso reforzó la posición con un gesto político de alto impacto al referirse al empresario como “Don Chatarrín”.
La vía técnica y el antecedente estadounidense
En los despachos de la Secretaría de Comercio la respuesta es más reglamentista. “Cualquier empresa puede presentar un pedido de investigación por dumping en la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE)”, señalaron fuentes oficiales. Techint cuenta con un antecedente de relevancia: en 2018, la administración de Donald Trump sancionó a Welspun tras determinar que incurría en dumping del 50% y recibía subsidios estatales del 541% para introducir sus tubos en el mercado norteamericano. Ese precedente, sumado a la alineación geopolítica que Milei busca con Washington, otorga a Rocca un argumento adicional para insistir en su reclamo.
Sin embargo, desde el consorcio de SESA —responsable de la adjudicación— aseguran que la compañía india cumplió con todos los requisitos técnicos exigidos. El Gobierno argentino celebra la adjudicación como un triunfo de la eficiencia de mercado frente al “lobby local”, mientras que Estados Unidos aplicó barreras arancelarias extremas contra la misma empresa para proteger su industria del acero. Esa dualidad coloca a Techint en un limbo: tiene derecho administrativo y antecedente geopolítico para exigir una investigación, pero enfrenta a un Gobierno que ya anticipó que no tiene voluntad política de encarecer la energía.
Noruega o Nigeria: el dilema estratégico
Cerca de Techint advierten que, bajo condiciones de “competencia leal”, su oferta habría sido tan competitiva como la que finalmente se impuso. Pero la discusión va más allá de los caños y se instala en un dilema estratégico sobre el destino de los recursos naturales. “El debate de fondo es si queremos ser Noruega o Nigeria”, señalan fuentes cercanas al holding, trazando una línea divisoria sobre el modelo de desarrollo. Para Rocca y su entorno, los recursos naturales, desarrollados en el marco de un “proyecto país”, pueden convertirse en una palanca para generar divisas, empleo de calidad, innovación tecnológica y activos de largo plazo que fortalezcan el crecimiento futuro de la Argentina. De lo contrario, advierten, el país corre el riesgo de profundizar la primarización de su economía.
En el mundo siderúrgico existe una posición casi unificada que respalda, con matices, el reclamo de Rocca. “La siderurgia argentina puede competir, pero se necesitan condiciones equivalentes”, explicó un competidor directo del mercado. El diagnóstico del sector es que el Gobierno exige precios internacionales pero mantiene una estructura de costos local: “Debemos ganar competitividad en todos los niveles. Tenemos reglas de juego nuevas, pero todos los impuestos de antaño”. Bajo esa lógica, concluyen: “Si hay dumping, el Gobierno debe actuar”.
Las hipótesis del círculo rojo
La derrota de Techint también disparó suspicacias en el denominado “círculo rojo”. Algunos empresarios sostienen que Rocca es un experto en articular denuncias de dumping contra China e India en distintos mercados, y que es la primera vez que enfrenta un revés de este tipo en Argentina, donde siempre fue un jugador de peso y líder indiscutido de su negocio. El debate interno es si la “T” confió demasiado en su influencia o si deliberadamente “jugó a perder la licitación” manteniendo precios altos para forzar una discusión política sobre la protección industrial.
Un conflicto que marca agenda
La disputa por el gasoducto de Vaca Muerta se convirtió en un caso testigo sobre el rumbo económico del país. El Gobierno busca consolidar un modelo basado en la eficiencia de mercado y la reducción de costos, mientras que el sector industrial reclama condiciones de competencia que permitan desarrollar valor agregado nacional. En el medio, Paolo Rocca y Techint se enfrentan a un dilema que excede lo empresarial y se proyecta como un debate de fondo sobre el futuro de la Argentina: ¿un país que industrializa sus recursos naturales o uno que los exporta sin transformación?