El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fue denunciado penalmente en la Cámara Criminal y Correccional Federal por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato de $114 millones a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), institución en la que ocupa un cargo directivo su esposa, María Josefina Rouillet.
La denuncia
La presentación fue realizada el 16 de febrero por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, quienes se identificaron como miembros de la agrupación política Reset Republicano. El escrito apunta a Sturzenegger y otros funcionarios por la supuesta omisión de publicación en el sitio oficial de la Oficina Anticorrupción (OA), tal como lo exige el Decreto 202/2017.
La disposición cuestionada es la DI-2026-21-APN-SSCYAE#MRE, emitida el 19 de enero por la Subsecretaría de Coordinación y Administración Exterior, que otorgó a la AACI la Adjudicación Simple por Especialidad N° 26-0033-CDI25 para garantizar la capacitación en idioma inglés del personal de Cancillería, en el marco del Plan Estratégico de Capacitación 2025–2027.
El vínculo y la falta de registro
En la declaración jurada de intereses se reconocía un “vínculo positivo” entre Rouillet y Sturzenegger, lo que activaba la obligación de notificar a la OA y a la SIGEN, además de publicar las actuaciones en la web oficial. Sin embargo, los denunciantes sostienen que al 15 de febrero no existía registro alguno en el buscador de “Casos informados a la OA”, lo que comprometería un requisito clave de transparencia.
El escrito encuadra los hechos en posibles delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal) y negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265). También se menciona un antecedente contractual de 2024 entre los mismos actores, lo que refuerza el pedido de investigación sobre la actualización de las declaraciones juradas.
La respuesta oficial
Tras conocerse la contratación, el canciller Pablo Quirno defendió la legalidad del proceso y aseguró que la Cancillería mantiene vínculos con la AACI desde 2018. Además, afirmó que, por el vínculo familiar, se aplicó el procedimiento de integridad con intervención de la OA y la SIGEN.
Un caso con impacto político
La denuncia contra Sturzenegger se suma a las tensiones en torno a la transparencia de las contrataciones estatales y abre un frente judicial que podría tener repercusiones políticas en el Gobierno. La investigación deberá determinar si efectivamente se incumplieron los mecanismos de publicación y control previstos en la normativa vigente.