Mientras el presidente Javier Milei promociona en Nueva York el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) como garantía de seguridad jurídica y atractivo para capitales extranjeros, un conflicto entre gigantes mineros en San Juan expone las tensiones del modelo libertario y los límites de la infraestructura energética argentina.
La controversia se desató a partir de la Resolución Nº 079/26 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), que otorgó al megaproyecto Vicuña una prioridad del 90% en el uso de la capacidad de transporte eléctrico en el norte sanjuanino por los próximos 25 años. La medida, que en la práctica habilita a una sola compañía a gestionar de forma preferencial el corredor estratégico Nueva San Juan-Rodeo, generó un inmediato rechazo de competidores que advierten sobre la concentración de un recurso esencial para la actividad minera.
El trasfondo estructural
El conflicto revela uno de los principales cuellos de botella de la economía argentina: el déficit crónico en el tendido eléctrico. Bajo la doctrina del déficit cero y con un riesgo país que limita el acceso al financiamiento externo, el Gobierno nacional se retiró de la obra pública, dejando paralizadas las ampliaciones de alta tensión. Para suplir esa ausencia, el oficialismo introdujo reformas en la Ley Bases y en normativa energética que permiten a los privados financiar la expansión de la red a cambio de prioridad de despacho.
En ese marco, Vicuña —que integra los proyectos Josemaría y Filo del Sol, con una inversión estimada en USD 7.100 millones— solicitó ampliar la red para abastecer una demanda inicial de 260 MW. El plan contempla la construcción de 220 kilómetros de líneas eléctricas y la readecuación de estaciones transformadoras, con un costo privado de entre 400 y 500 millones de dólares.
La reacción empresarial
La resolución del ENRE fue cuestionada por Los Azules, otro proyecto de gran escala en la cordillera sanjuanina. Sus ejecutivos, presentes en la “Argentina Week” en Wall Street, presentaron una oposición formal al considerar que la medida otorga una “ventaja desproporcionada” a Vicuña y compromete la seguridad jurídica que el RIGI promete garantizar. Según la compañía, la prioridad de despacho no se limitaría a la nueva infraestructura financiada, sino que afectaría la red existente, generando demoras y pérdidas millonarias en su cronograma de inversiones.
Desde la vereda opuesta, Vicuña defendió la resolución y aseguró que no implica exclusividad ni control absoluto sobre la infraestructura, sino que responde al procedimiento habitual del Mercado Eléctrico Mayorista bajo el principio de acceso abierto. La empresa subrayó que la solicitud superó los filtros técnicos de Transener, CAMMESA y las distribuidoras locales.
Otros actores, como El Pachón (Glencore), adoptaron una postura más conciliadora, sugiriendo explorar sinergias para el desarrollo conjunto de infraestructura.
El frente político
La disputa no se limita al plano corporativo. El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) de San Juan presentó una oposición técnica y jurídica, reclamando la convocatoria a una audiencia pública y advirtiendo que la captura del 90% de la capacidad remanente constituye un “ejercicio abusivo del derecho de acceso” que subordina el interés general de la población a un interés privado.
La tensión se trasladó a los territorios, con intendentes de Iglesia, Calingasta, Jáchal y Ullum en estado de alerta. Sin embargo, el gobernador Marcelo Orrego buscó moderar el conflicto, asegurando que “no hay problema de fondo” y que aún existen instancias institucionales para alcanzar acuerdos. Orrego, aliado clave del oficialismo en la aprobación de la Ley Bases, intenta equilibrar la defensa de los intereses provinciales con la necesidad de mantener un vínculo fluido con la Casa Rosada y garantizar el ingreso de divisas vitales para San Juan.
Un modelo en disputa
El episodio pone en evidencia las tensiones inherentes al esquema libertario de Milei: mientras se promueve la seguridad jurídica como atractivo para los capitales, la letra chica de las regulaciones energéticas genera incertidumbre entre los propios inversores. La batalla por la prioridad en el acceso a la energía se convierte así en un test decisivo para el RIGI y para la credibilidad del modelo económico que el Gobierno busca instalar en el exterior.