El Gobierno nacional modificó por decreto el procedimiento para la designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, eliminando instancias clave de participación ciudadana y suprimiendo criterios de diversidad que regían desde 2003. El Decreto 467/2026, firmado por el presidente Javier Milei, deroga artículos centrales del Decreto 222/2003, que había sido instaurado por Néstor Kirchner como parte de la reforma institucional de la Corte.
La Casa Rosada argumenta que la intervención de la sociedad civil en la etapa previa a la postulación generaba una “duplicación de instancias”, ya que el Senado mantiene la facultad constitucional de evaluar a los candidatos en audiencias públicas. Sin embargo, organizaciones civiles, entidades profesionales y especialistas en transparencia calificaron la medida como “un retroceso institucional”.
Qué cambia el Decreto 467/2026
La reforma impacta directamente en la etapa previa a la nominación presidencial. Entre los cambios más relevantes:
1. Se elimina el período de impugnación temprana
Antes, tras anunciarse los candidatos, se abría un plazo de 15 días hábiles para que la ciudadanía presentara apoyos u objeciones. Ahora, el Ejecutivo solo debe publicar los nombres y antecedentes, sin habilitar observaciones previas.
2. Se deroga la consulta a entidades profesionales y académicas
El Ministerio de Justicia ya no podrá solicitar opiniones a universidades, colegios de abogados u organizaciones sociales.
3. Se eliminan los criterios de diversidad
Queda sin efecto la obligación de considerar:
- diversidad de género,
- diversidad de especialidad,
- representación regional.
La Corte actual tiene tres jueces varones, dos de ellos santafesinos.
4. Cambios en las declaraciones juradas
Los postulantes deberán presentar su declaración patrimonial en cinco días, y la ARCA tendrá el mismo plazo para analizar su situación fiscal y previsional.
Repercusiones: críticas unánimes de organizaciones civiles
Las principales entidades dedicadas a la transparencia institucional cuestionaron la medida.
Poder Ciudadano
Pablo Secchi, su director ejecutivo, afirmó:
“Lo que se elimina es la posibilidad de incidir antes de que el Ejecutivo tome su decisión. La participación ciudadana en el Senado no reemplaza esta etapa”.
ACIJ
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia sostuvo:
“Equiparar ambas etapas desconoce que tienen finalidades distintas. La intervención temprana permite aportar información que puede modificar la propuesta presidencial”.
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF)
En un comunicado, advirtió:
“Se eliminan instancias que durante dos décadas permitieron observaciones de universidades, colegios profesionales y ciudadanía. Es un claro retroceso respecto de los estándares de transparencia”.
Contexto político: una Corte con vacantes y pliegos trabados
La Corte Suprema funciona actualmente con tres miembros. Durante los primeros meses de gestión, Milei propuso a Manuel García‑Mansilla y Ariel Lijo, pero ninguno obtuvo los consensos necesarios en el Senado.
El nuevo decreto reconfigura el proceso previo a cualquier futura nominación.
Cómo se eligen los jueces de la Corte tras la reforma
Pese a los cambios, el mecanismo constitucional permanece intacto:
- El Poder Ejecutivo propone al candidato.
- El Senado debe aprobarlo con dos tercios de los presentes en sesión pública.
- El postulante debe presentarse ante la Comisión de Acuerdos, donde aún existe un período para impugnaciones.
Requisitos constitucionales para integrar la Corte
- Ser abogado con al menos 8 años de ejercicio.
- Tener 30 años o más.
- Contar con 6 años de ciudadanía argentina.
Un cambio que reabre el debate sobre la transparencia judicial
La reforma del Decreto 222/2003 marca un giro en la política institucional argentina. Para el Gobierno, simplifica un proceso “redundante”. Para las organizaciones civiles, implica la pérdida de un estándar de control ciudadano que rigió durante más de dos décadas.
El debate ahora se traslada al Congreso, donde la oposición y sectores de la sociedad civil anticipan que buscarán revertir la medida.