Un estudio reciente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) reveló que casi la mitad de los jóvenes argentinos se encuentra en situación de vulnerabilidad y que el 72,2% de ellos carece de cobertura médica privada, dependiendo exclusivamente del sistema público de salud. Sin embargo, mientras los indicadores de malestar psicológico y problemas de salud mental se incrementan, el presupuesto nacional 2026 proyecta una reducción en la cantidad de pacientes atendidos, incluso en programas críticos.
Según el informe “Jóvenes vulnerables en la Argentina: Condiciones de vida, creencias y expectativas sobre el futuro”, elaborado por especialistas de la UBA, 4.145.458 jóvenes de entre 18 y 29 años —el 48,9% del total de ese grupo etario— enfrentan privaciones educativas, económicas o habitacionales. De ellos, 2,99 millones no cuentan con obra social ni prepaga y dependen exclusivamente de hospitales y centros públicos.
Pero el sistema público, lejos de expandirse ante la creciente demanda, prevé atender menos personas que en 2025, según las metas oficiales publicadas por el Ministerio de Economía.
Recortes en salud mental en un contexto de mayor demanda
El Programa de Asistencia para la Salud Mental y Consumos Problemáticos, ejecutado a través del Hospital Nacional “Lic. Laura Bonaparte”, es uno de los casos más ilustrativos. Para 2026, el presupuesto fija:
- 40.000 pacientes ambulatorios, es decir, 25.000 menos que en 2025.
- 12.000 consultas de urgencias telefónicas, 6.800 menos que el año anterior.
- La eliminación total de las metas de prevención comunitaria, que en 2025 incluían a 5.000 personas.
La reducción contrasta con la realidad sanitaria: en los últimos doce meses, los indicadores de angustia, ansiedad y pérdida de sentido vital aumentaron de manera significativa, impulsados principalmente por la crisis económica y la precarización laboral.
Este medio consultó al Ministerio de Salud para conocer los motivos del recorte, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.
Cobertura en salud y empleo: una relación directa
El estudio de la UBA muestra que la falta de cobertura médica está estrechamente vinculada a la inserción laboral formal. Entre los jóvenes vulnerables:
- 72,7% depende del sistema público de salud.
- La cobertura por obra social asciende a 34,8% entre quienes alcanzaron niveles educativos más altos.
- Las mujeres presentan mayor dependencia del sistema público (78,8%) que los varones (68,4%), debido a su menor inserción en empleos registrados.
Aunque siete de cada diez jóvenes vulnerables trabajan, solo el 15% lo hace en empleos formales con aportes y beneficios. El resto transita entre la informalidad, la inactividad y el desempleo, lo que deriva en trayectorias laborales inestables y en una mayor exposición a la precariedad económica.
El documento aclara que se considera vulnerables a quienes solo completaron la primaria o integran hogares con privaciones materiales según el Índice de Privación Material de los Hogares (IPMH) del INDEC.
Endeudamiento juvenil: otra cara de la precariedad
La fragilidad económica también se refleja en el endeudamiento. Un análisis del Instituto Argentina Grande (IAG), basado en datos oficiales, indica que:
- 3,6 millones de personas tienen créditos catalogados como “irrecuperables”.
- Son 2,3 millones más que hace un año.
- La mitad de esas deudas presenta atrasos promedio de $309.000.
- Los jóvenes de 15 a 29 años son el grupo más afectado: su condición de deudores irrecuperables creció 85% en un año.
El Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que analiza el rango de 18 a 34 años, llega a conclusiones similares:
- 38,4% de los jóvenes está en mora.
- 80% de esas deudas corresponden a billeteras virtuales.
- Entre los menores de 24 años, 40,9% de los créditos otorgados por bancos y billeteras son morosos.
Una combinación crítica: vulnerabilidad, salud mental y recortes presupuestarios
Los datos muestran un escenario complejo: millones de jóvenes dependen del sistema público, enfrentan crecientes problemas de salud mental y viven en condiciones de precariedad laboral y económica. En ese contexto, la reducción de metas en programas sanitarios esenciales profundiza la brecha entre la demanda real y la capacidad estatal de respuesta.