Los resultados de las pruebas toxicológicas realizadas en el marco de la investigación por el accidente ocurrido en la zona de La Frontera, en Pinamar, confirmaron la presencia de alcohol en la sangre de dos de los tres imputados en la causa. El informe, elaborado por el Laboratorio Químico de la Policía Científica de Dolores, ya fue incorporado al expediente judicial y descarta el consumo de estupefacientes.

Los resultados de los análisis

Las muestras de sangre fueron extraídas a Manuel Molinari, Maximiliano Jeréz y Naomi Azul Quiróz, quienes se encontraban al mando de los vehículos involucrados en el siniestro. Según la información oficial, Quiróz —conductora del UTV Can-Am donde viajaba el menor de ocho años— presentó una graduación alcohólica de 0,5 gramos por litro de sangre, mientras que Molinari —al volante de la camioneta Volkswagen Amarok— registró 0,2 g/l.

En tanto, Jeréz, padre de Bastián, no presentó rastros de alcohol ni de drogas en su organismo. Los peritos confirmaron que ninguno de los tres imputados consumió estupefacientes.

Alcohol cero y su impacto en la causa

La relevancia de estos resultados se vincula directamente con la vigencia del régimen de alcohol cero al volante en la provincia de Buenos Aires, implementado en enero de 2023. La normativa establece que todo conductor debe presentar 0,0 gramos de alcohol en sangre, sin excepciones, y que la sola detección constituye una infracción administrativa.

Fuentes judiciales aclararon que la alcoholemia positiva no implica automáticamente una responsabilidad penal agravada, pero sí constituye un elemento de peso para analizar la conducta previa al accidente. En particular, se evaluará si el consumo de alcohol pudo influir en la percepción del entorno, los tiempos de reacción o el respeto de las normas de circulación en un contexto de riesgo elevado.

El accidente y el estado de la víctima

El hecho ocurrió el 12 de enero, cuando el UTV Can-Am impactó de manera frontal contra la camioneta Amarok en un sector de alta circulación de vehículos recreativos. La zona, caracterizada por la convivencia de rodados de distinto porte y uso, carece de trazados formales y separación clara entre áreas de circulación, lo que incrementa el riesgo de siniestros.

Como consecuencia del choque, el niño Bastián sufrió lesiones de extrema gravedad. Fue trasladado inicialmente al Hospital Dr. Pepe Olaechea de Pinamar y luego derivado al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (HIEMI) de Mar del Plata, donde permanece internado en terapia intensiva. Desde su ingreso ya fue sometido a seis cirugías, incluida una traqueotomía y una fijación cervical para contener fracturas en cráneo y columna. El último parte médico difundido por el Ministerio de Salud bonaerense indica que el paciente se encuentra estable dentro de la gravedad, con lesiones cerebrales y cervicales severas compatibles con un impacto de alta energía.

Pericias vehiculares y avance de la investigación

En paralelo, la causa aguarda los resultados de las pericias realizadas sobre los vehículos involucrados. Los estudios, efectuados en un depósito de la caballería de Pinamar, incluyeron mediciones técnicas, registros fotográficos y extracción de datos de las computadoras de ambos rodados, con la colaboración de concesionarias oficiales. Los archivos fueron entregados al fiscal Sergio García, a cargo de la UFI Descentralizada N.º 5 de Pinamar, y serán analizados en los próximos días.

Con los resultados toxicológicos ya incorporados y las pericias mecánicas en curso, la investigación avanzará hacia la pericia accidentológica, considerada clave para determinar la mecánica del hecho y las responsabilidades de cada conductor.

Endurecimiento de controles en La Frontera

Como respuesta institucional al accidente, la Municipalidad de Pinamar dispuso un endurecimiento del régimen sancionatorio para la circulación indebida de vehículos recreativos y motorizados en La Frontera. La medida fue formalizada el 17 de enero mediante el Decreto 0104/2026, firmado por el intendente Juan Ibarguren y el secretario de Gobierno Francisco Montes.

El decreto establece multas que oscilan entre 8.500 y 25.000 módulos, equivalentes a sanciones económicas que pueden alcanzar hasta $15 millones, según la gravedad de la infracción y la reincidencia. Además, habilita la retención preventiva y el secuestro de vehículos, así como la inhabilitación prolongada de licencias de conducir en casos graves.

La medida busca desalentar conductas riesgosas en un sector que, cada temporada, concentra un alto flujo de turistas y vehículos recreativos, y que ahora quedó bajo un esquema de control más estricto.

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