La discusión sobre la reforma del régimen penal juvenil, uno de los temas más sensibles de la agenda legislativa, regresa al Congreso en el marco de las sesiones extraordinarias convocadas por el Gobierno.
Tras haber quedado trunca en el período ordinario, el oficialismo buscará reinstalar el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 13 años, una iniciativa que ya había generado intensas divisiones dentro del peronismo y que promete volver a polarizar posiciones.
Un debate prolongado y sin resolución
La propuesta original, impulsada por la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, aliada de Patricia Bullrich, atravesó un complejo entramado legislativo durante nueve meses. El proyecto fue discutido en tres comisiones —Legislación Penal; Familia, Niñez y Juventudes; y Presupuesto— y logró reunir apoyos suficientes para la firma de un dictamen. Sin embargo, nunca llegó al recinto y perdió estado parlamentario con el cierre del período ordinario, obligando ahora a reiniciar el trámite desde cero.
El texto inicial establecía una pena máxima de 20 años de prisión para menores condenados, prohibía la reclusión perpetua y fijaba la imputabilidad desde los 13 años. Durante la negociación, el oficialismo debió ceder: el dictamen que avanzó finalmente fijaba el piso en 14 años y reducía el tope de las penas privativas de libertad a 15 años.
La nueva correlación de fuerzas
Con un escenario parlamentario distinto —95 diputados y 20 senadores propios—, La Libertad Avanza considera que ahora cuenta con margen para insistir en su propuesta original. El proyecto, además de endurecer las sanciones, introducía criterios más restrictivos para la prisión efectiva: solo se habilitaba cuando el delito tuviera una escala penal de diez años o más, y se reafirmaba la privación de la libertad como última ratio, con estándares estrictos para la detención de menores, incluyendo alojamiento separado de adultos y acceso garantizado a educación, salud y actividades.
Para el oficialismo libertario, el tema es estratégico. No solo forma parte del núcleo duro de su discurso de “mano dura”, sintetizado en el lema “el que las hace las paga”, sino que también representa una oportunidad política para tensionar a la oposición y profundizar las fisuras internas del peronismo.
Las grietas dentro del peronismo
El debate anterior dejó expuestas las diferencias en Unión por la Patria. El Frente Renovador, con el santafesino Diego Giuliano como referente, respaldó la imputabilidad desde los 14 años, desmarcándose de otros sectores del bloque. En contraste, los legisladores de Patria Grande, espacio liderado por Juan Grabois, defendieron mantener el piso en 16 años y propusieron un régimen paralelo centrado en medidas socioeducativas y acompañamiento integral.
Un tercer proyecto, presentado por la diputada peronista Agustina Propato, aún conserva estado parlamentario. Su iniciativa establece que la punibilidad rige, en términos generales, entre los 16 y los 18 años, aunque habilita juzgar a menores de 16 por delitos extremadamente graves bajo estrictos peritajes de capacidad cognitiva. El texto prioriza el principio de última ratio, limita la privación de la libertad a casos excepcionales y breves, exige establecimientos especializados separados de los adultos y propone una estructura judicial propia, con juzgados específicos, justicia restaurativa y asistencia interdisciplinaria permanente. Propato, además, es pareja del exministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, lo que añade un matiz político a su propuesta.
Un debate que promete tensión
La reapertura de la discusión sobre la edad de imputabilidad se da en un contexto de alta sensibilidad social y política. Mientras el oficialismo busca instalar su agenda de seguridad como bandera, la oposición se enfrenta al desafío de unificar criterios en un tema que divide aguas incluso dentro de sus propias filas.
El desenlace de este debate, que ya demostró ser inconcluso en el pasado, marcará no solo el rumbo de la política penal juvenil en la Argentina, sino también el grado de cohesión —o fragmentación— de las principales fuerzas políticas frente a un tema que combina seguridad, derechos humanos y estrategia electoral.