La Argentina cerró 2025 con un dato que encendió todas las alarmas en el sistema laboral y asegurador: el ingreso de 134.141 juicios por accidentes y enfermedades laborales, cifra que marcó un récord histórico y consolidó una tendencia de litigiosidad creciente. El fenómeno contrasta con la evolución de los indicadores de prevención y siniestralidad, que muestran mejoras objetivas en la reducción de accidentes y fallecimientos.
Una paradoja difícil de explicar
El sistema de riesgos del trabajo fue concebido para prevenir accidentes, reducir la mortalidad laboral y garantizar respuestas rápidas e integrales ante un siniestro. Sin embargo, enfrenta hoy una paradoja: mientras los accidentes laborales se redujeron un 55% y los fallecimientos un 80% respecto de los niveles previos a su implementación, la judicialidad aumentó un 200% desde 2020, alcanzando un volumen inédito en 2025.
Según estimaciones, en los últimos años se salvaron 19.000 vidas y se evitaron 4,7 millones de accidentes de trabajo, con cobertura médica integral y prestaciones oportunas. Aun así, la litigiosidad avanzó de manera sostenida, despegándose por completo de la evolución real de los siniestros.
Comparación internacional
El fenómeno argentino no tiene correlato en otros países. Con niveles de cobertura superiores a los de Chile y España, e índices de siniestralidad similares, la cantidad de juicios en Argentina es desproporcionada:
- Chile: 5,8 demandas cada 10.000 trabajadores.
- España: 8,5 demandas cada 10.000 trabajadores.
- Argentina: 132,8 demandas cada 10.000 trabajadores.
En términos relativos, la judicialidad local es 23 veces superior a la española y 16 veces mayor que la chilena, lo que equivale a un 2200% más de juicios que Chile y un 1500% más que España.
“Lo que debería ser un recurso excepcional para casos puntuales se convirtió en un rasgo estructural del mercado laboral argentino”, alertó la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), presidida por Mara Bettiol.
Un stock judicial en expansión
El stock total de juicios laborales por riesgos del trabajo alcanzó en septiembre último 317.848 demandas. En paralelo, las ART lograron cerrar unas 70.000 causas, un número relevante pero insuficiente para revertir la tendencia.
Otro dato preocupante es la ruptura de la estacionalidad: tradicionalmente, los meses de fin de año mostraban una desaceleración en el ingreso de nuevas demandas. En 2025 ocurrió lo contrario: diciembre registró más juicios que noviembre, un fenómeno que no se veía desde la antesala de la reforma de 2017. El último cuatrimestre del año mostró además un crecimiento interanual del 12%.
El incumplimiento de la Ley 27.348
Desde el sector asegurador, la explicación se centra en el incumplimiento de la Ley 27.348, sancionada en 2017, que establecía la creación de Cuerpos Médicos Forenses en el ámbito judicial. La falta de implementación abrió la puerta a la actuación de peritos externos sin control ni supervisión, cuyas evaluaciones muchas veces se apartan de los dictámenes oficiales de las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
El problema se agrava porque los honorarios periciales se calculan como un porcentaje del monto de la sentencia, lo que introduce un incentivo económico directo al sobredimensionamiento de las incapacidades.
Impacto económico y social
El costo de esta dinámica es significativo: el 45% del gasto judicial queda en la intermediación. Por cada $1.000.000 que pagan las ART en demandas, $450.000 se distribuyen entre abogados, peritos y el sistema judicial, sin llegar a mejorar la prevención ni ampliar la cobertura de los trabajadores.
La presión judicial castiga tanto a las empresas, que enfrentan mayores costos e incertidumbre, como a los trabajadores, porque pone en riesgo la sostenibilidad de un sistema diseñado para protegerlos. El desvío de recursos hacia la litigiosidad reduce la capacidad de inversión en prevención, tecnología y mejores prestaciones, generando un círculo vicioso difícil de romper.
Una señal de alerta para el mercado laboral
Corregir estas distorsiones aparece como un paso clave para preservar un mecanismo que, en términos de resultados sanitarios y de seguridad laboral, mostró avances contundentes. La judicialidad actual no refleja la realidad de la gestión en prevención ni de cobertura de accidentes de trabajo, ni se ajusta a parámetros internacionales comparables.
En un contexto económico donde cada punto porcentual de costos impacta en la competitividad, el récord de juicios laborales de 2025 se convierte en una señal de alerta que trasciende al sector asegurador y plantea un desafío estructural para el mercado laboral argentino.