Mientras el Senado concentra sus esfuerzos en la reforma laboral, la Cámara de Diputados comienza a activar debates sobre dos proyectos sensibles que integran el temario de las sesiones extraordinarias: la modificación de la Ley de Glaciares y la reforma del régimen penal juvenil. Aunque relegadas por la batalla principal en torno al mercado de trabajo, ambas iniciativas forman parte de la hoja de ruta oficial y podrían marcar un giro en la agenda política y social del país.
Mientras el Senado concentra sus esfuerzos en la reforma laboral, la Cámara de Diputados comienza a activar debates sobre dos proyectos sensibles que integran el temario de las sesiones extraordinarias: la modificación de la Ley de Glaciares y la reforma del régimen penal juvenil. Aunque relegadas por la batalla principal en torno al mercado de trabajo, ambas iniciativas forman parte de la hoja de ruta oficial y podrían marcar un giro en la agenda política y social del país.
Reforma ambiental: redefinir las áreas protegidas
El proyecto que modifica la Ley de Glaciares ya cuenta con dictamen de comisión en el Senado y está en condiciones de llegar al recinto. La iniciativa redefine las áreas periglaciares y reduce el alcance de las zonas protegidas, lo que ha generado fuertes cuestionamientos de juristas y organizaciones civiles.
Este martes, el bloque libertario en Diputados celebrará su primera reunión del año con técnicos de la Secretaría de Minería, encabezada por Luis Lucero, quienes expondrán los detalles del texto impulsado por el Poder Ejecutivo.
El oficialismo, sin embargo, se mueve con cautela. Los incendios en el sur del país y la declaración de la emergencia ígnea han puesto el tema ambiental en el centro de la agenda pública, lo que podría reactivar el debate. En ese marco, una carta enviada a la vicepresidenta Victoria Villarruel advierte que la reforma “pone en jaque el derecho constitucional ambiental” y anticipa que, aun si prospera en el Congreso, podría terminar judicializada.
Penal juvenil: la edad de imputabilidad en discusión
La otra reforma en carpeta es la baja de la edad de imputabilidad. El proyecto original del Ejecutivo, presentado en 2024, proponía fijar en 13 años la edad mínima para juzgar penalmente a un menor y habilitar condenas de hasta 20 años de prisión.
Tras nueve meses de debate en tres comisiones, el dictamen que logró avanzar elevó el piso a 14 años y redujo el tope de las penas a 15. Además, incorporó criterios más restrictivos para la prisión efectiva —solo habilitada en delitos con escalas penales de diez años o más— y reforzó sanciones alternativas, con excepciones para homicidios y hechos de violencia grave. También reafirmó garantías procesales y estándares estrictos para la detención de menores, como el alojamiento separado de adultos y el acceso garantizado a educación y salud.
La opción de bajar la edad a 13 no reunió respaldo suficiente, ni siquiera entre socios habituales del bloque libertario, como Pro y la UCR, que anticipan mantener su postura en un eventual nuevo debate.
El tablero legislativo y los tiempos políticos
Para que la discusión se reactive, las comisiones deben estar formalmente constituidas. Por ahora, solo Presupuesto —a cargo de Alberto Benegas Lynch— y Legislación Penal —presidida por Laura Rodríguez Machado— cuentan con autoridades. Falta definir Justicia, que podría quedar bajo la conducción del bonaerense Sebastián Pareja, y Familia, Niñez y Juventudes, donde suena el nombre de la radical Mariela Coletta.
El oficialismo tiene hasta el jueves para completar la conformación de las comisiones y destrabar el inicio del debate. No se descarta que el presidente de la Cámara, Martín Menem, convoque a una reunión de jefes de bloque para ordenar la discusión.
Con el feriado de carnaval en el medio, el margen para emitir dictamen y llevar los proyectos al recinto es mínimo. Si Diputados no acelera en los próximos días, las reformas podrían quedar fuera del calendario de extraordinarias, relegadas nuevamente por la prioridad laboral.
📌 En síntesis: el Gobierno busca avanzar en tres frentes simultáneos —laboral, ambiental y penal juvenil— pero enfrenta tiempos ajustados, resistencias políticas y cuestionamientos constitucionales. El desenlace dependerá de la capacidad del oficialismo para ordenar comisiones y sumar consensos en un Congreso atravesado por tensiones y urgencias.