La intervención dispuesta por el Gobierno nacional sobre el Puerto de Ushuaia comenzó a generar fuerte preocupación institucional y financiera en Tierra del Fuego, luego de que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) estableciera un nuevo esquema de administración que incluye el giro obligatorio de fondos hacia organismos nacionales.
Centralización del control portuario
A través de la Resolución N.º 04/2026, la ANPYN asumió formalmente el control operativo, técnico y administrativo del principal puerto fueguino, desplazando la participación provincial y pasando a actuar como Autoridad Portuaria Nacional y Unidad Ejecutora de la intervención.
De acuerdo con lo dispuesto, toda gestión vinculada al funcionamiento del puerto —trámites, consultas y procedimientos administrativos— deberá canalizarse exclusivamente ante el organismo nacional. La medida implica una centralización completa de decisiones que hasta ahora se resolvían dentro del ámbito provincial, lo que marca un cambio sustancial en la relación entre Nación y Tierra del Fuego respecto de la administración portuaria.
El manejo económico, eje de la controversia
El aspecto que mayor controversia despertó se vincula con el manejo económico de los servicios portuarios. En las últimas horas, la ANPYN notificó a prestadores y actores locales que, a partir de la intervención, los pagos por servicios ya no permanecerán en la órbita fueguina, sino que deberán transferirse obligatoriamente a una cuenta bancaria perteneciente a la Administración General de Puertos S.A.U., empresa estatal nacional.
La comunicación oficial enviada a los prestadores indica que los pagos deberán realizarse únicamente mediante transferencia bancaria al CBU asignado en el Banco de la Nación Argentina, y que los comprobantes deberán remitirse a la tesorería nacional para su correspondiente imputación contable.
Advertencias legales y cuestionamientos políticos
Abogados locales consultados advirtieron que este mecanismo consolida un traslado directo de recursos generados en Tierra del Fuego hacia Nación, sin garantías de reinversión en la provincia ni un sistema claro de control sobre ingresos y gastos vinculados a la actividad portuaria.
Desde distintos sectores se remarcó que la intervención no solo redefine la administración del Puerto de Ushuaia, sino que también profundiza el debate sobre la autonomía provincial, al concentrar en organismos nacionales el control de fondos estratégicos provenientes de uno de los principales nodos logísticos y económicos del distrito.
Un conflicto con proyección nacional
El Puerto de Ushuaia, considerado clave para la logística antártica y el turismo internacional, se convierte así en escenario de un nuevo conflicto entre Nación y provincia. La decisión de trasladar los recursos fuera de Tierra del Fuego abre interrogantes sobre el futuro de las inversiones locales y sobre el grado de autonomía que conservarán las autoridades provinciales en la gestión de uno de sus principales activos económicos.