Un reciente informe de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) expuso un panorama crítico del sistema penitenciario argentino durante el segundo año del gobierno de Javier Milei. El documento advierte sobre el aumento sostenido de la población carcelaria, el deterioro de las condiciones de detención y la persistencia de denuncias por corrupción en el sistema de licitaciones vinculadas al Servicio Penitenciario.
Un sistema saturado
En la provincia de Buenos Aires, el sistema penitenciario cuenta con 74 establecimientos distribuidos en 12 complejos, entre cárceles, alcaidías y unidades de tránsito. Seis de ellos están destinados exclusivamente a mujeres, 13 alojan población mixta y tres incluyen varones y mujeres trans.
Según el informe, la población penitenciaria creció un 4% interanual en 2025 y alcanzó los 12.166 detenidos en diciembre. El mayor incremento se registró en la Unidad 36 de Santa Fe, que sumó 334 internos en un año. También se verificaron aumentos en el Complejo Penitenciario Federal V de Neuquén (+92), en el CPF VI de Mendoza (+65) y en el penal de Devoto, en la Ciudad de Buenos Aires, que pasó de 1.500 a 1.525 personas privadas de libertad.
Procesados y condenados
El informe detalla que casi dos tercios de los detenidos en el Servicio Penitenciario Federal cuentan con condena firme. La población condenada ascendió de 6.949 personas en diciembre de 2024 a 7.680 en diciembre de 2025, lo que representa el 63,1% del total. En contraposición, la proporción de procesados sin condena firme descendió del 50,6% en 2020 al 36,9% en 2025. Aun así, 4.485 personas permanecen privadas de libertad en condición de procesadas.
Crecer entre rejas
El crecimiento de la población femenina y trans es otro aspecto destacado. Al cierre de 2025 se contabilizaron 949 mujeres y 34 personas travesti-trans detenidas, lo que equivale al 8,1% del total. En comparación con 2024, la cantidad de mujeres privadas de libertad aumentó un 11,3%, un incremento proporcionalmente mayor al del conjunto de la población carcelaria.
El informe también alerta sobre el aumento de mujeres embarazadas y de aquellas que conviven con sus hijos en contexto de encierro: en diciembre de 2025 se registraron 10 embarazadas y 16 mujeres detenidas junto a sus hijos, la cifra más alta de los últimos años.
Sobrepoblación y muertes
La Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura señaló que el sistema penitenciario argentino funciona al 130,2% de su capacidad: donde deberían alojarse 100 personas, hay 130. En la última década, la población encarcelada creció un 67,7%, con incrementos especialmente pronunciados en Santa Fe (244,8%), Santiago del Estero (138,2%) y Córdoba (116,6%).
Argentina registra hoy 258 personas presas cada 100.000 habitantes, la cifra más alta de su historia. Córdoba encabeza el ranking con casi 377 detenidos cada 100.000 habitantes, seguida por Mendoza (308), Buenos Aires (305), Santa Fe (286) y Salta (267).
El informe advierte además sobre el aumento de muertes en contextos de encierro: durante 2024 se registraron 40 fallecimientos en cárceles federales, diez más que el año anterior. También se relevaron ocho muertes en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, seis por enfermedades y dos por causas violentas. En total, se contabilizaron 389 casos de violencia institucional, casi un centenar más que en 2023.
Recursos escasos y nuevas obras
La crisis se profundiza en comisarías y alcaidías porteñas, donde más de 2.500 personas permanecían detenidas en marzo de 2025 en espacios no preparados para alojamiento prolongado. Esta situación implicó un gasto de $70.161 millones durante 2024, un promedio cercano a $200 millones diarios destinados a custodia y alojamiento.
En paralelo, el Ministerio de Seguridad dispuso en diciembre de 2024 la obligatoriedad de que todas las personas detenidas participen en tareas de mantenimiento y limpieza de los establecimientos, medida que generó críticas de organismos de derechos humanos.
El Estado, por su parte, avanza en proyectos de infraestructura carcelaria. Entre ellos se destaca el CEMAX en Córdoba, una cárcel de alta seguridad que demandará una inversión de 109 mil millones de pesos y contará con 448 celdas, con capacidad para más de 1.000 internos considerados de “alto perfil”.
Una crisis que se profundiza
El informe concluye que la crisis carcelaria en Argentina está lejos de resolverse: más personas detenidas, cárceles saturadas, mayor gasto público y un escenario de derechos vulnerados que vuelve a poner al sistema penitenciario en el centro del debate público.