En el marco del acuerdo entre YPF y la empresa provincial Terra Ignis, la Secretaría de Hidrocarburos supervisa un proceso planificado de cierre técnico de pozos hidrocarburíferos que ya cumplieron su vida útil. La medida forma parte de una estrategia de ordenamiento productivo y remediación ambiental, con el objetivo de garantizar seguridad operativa y sostenibilidad en la actividad.
Un proceso técnico y controlado
La directora de Fiscalización de las Operaciones Hidrocarburíferas, Ana Laura López, explicó que el abandono de pozos es una etapa necesaria de la actividad. “Cuando un pozo deja de ser productivo, no puede quedar inactivo sin control. El abandono permite asegurar el pozo, proteger el ambiente y concentrar los recursos en aquellos yacimientos que aún tienen potencial”, señaló.
El procedimiento consiste en tareas técnicas que garantizan el sellado definitivo en distintos niveles, mediante punzado, cementaciones y verificaciones, hasta su cierre en superficie. “No es un simple retiro, es un proceso controlado que asegura que el pozo quede completamente aislado y en condiciones ambientales adecuadas”, agregó.
Ordenamiento productivo y remediación
El plan contempla el cierre de 107 pozos sin productividad, en el marco de la remediación de pasivos ambientales históricos. Paralelamente, se evalúa la reactivación de otros pozos con posibilidades de mejora productiva. “Abandonar aquellos que ya no producen permite sostener y mejorar la producción en los que sí tienen futuro”, indicó López.
Las tareas involucran a distintas empresas de servicio, todas con mano de obra local, y se desarrollan bajo la responsabilidad operativa de YPF y la fiscalización permanente de la Provincia.
Una actividad con mirada sostenible
Finalmente, la directora remarcó que “el abandono responsable de pozos es tan importante como la perforación o la producción. Es una condición indispensable para una actividad hidrocarburífera ordenada, segura y sostenible en el tiempo”.
La iniciativa busca equilibrar la necesidad de mantener niveles de producción con la obligación de reducir riesgos ambientales, consolidando un esquema de gestión que prioriza la seguridad y la sustentabilidad en el sector energético.