La justicia porteña dictó el procesamiento sin prisión preventiva del empresario Marcelo Porcel, acusado de abuso sexual gravemente ultrajante agravado, corrupción de menores y producción de material sexual infantil. La resolución, firmada por el juez Carlos Bruniard en el marco de la causa CCC N° 36627/2024, se apoya en al menos diez denuncias de adolescentes que lo señalan como responsable de una mecánica sistemática de captación y vulneración en ámbitos de confianza.
Una investigación que expone un patrón reiterado
Los hechos denunciados se remontan a 2022 y se prolongaron hasta 2024. Padres de los menores, compañeros de colegio del hijo del empresario, fueron quienes advirtieron las irregularidades y presentaron las denuncias iniciales. Las declaraciones en Cámara Gesell coincidieron en describir un esquema de encuentros organizados en el departamento de Porcel en la torre Le Parc, en otro inmueble cercano y en una oficina en Retiro. Lo que comenzaba como reuniones sociales derivaba en dinámicas donde el adulto imponía un rol central, valiéndose de alcohol, incentivos económicos y la manipulación de la confianza.
Según la resolución judicial, Porcel ejercía una “guarda de hecho” sobre menores de 13 años que se quedaban a dormir en su domicilio. En ese contexto, se habrían producido episodios de contacto físico bajo la excusa de “masajes con aceites”, además de situaciones de exposición corporal y competencias de consumo de alcohol a cambio de dinero. Pericias sobre dispositivos electrónicos del empresario revelaron grabaciones tomadas sin consentimiento en el baño de su domicilio, lo que derivó en la imputación por producción de material sexual infantil.
Medidas restrictivas y rechazo a la prisión preventiva
Aunque el juez desestimó el pedido de prisión preventiva formulado por la querella, impuso medidas cautelares estrictas: prohibición de salir del país, entrega del pasaporte en un plazo de 24 horas, restricción de movimiento sin autorización judicial y notificación a la Dirección Nacional de Migraciones. Estas disposiciones se suman a la prohibición de acercarse al colegio y al club GEBA, donde concurrían las víctimas.
El fiscal Pablo Turano interviene en la causa, que continúa en etapa de instrucción con la incorporación de nuevas pruebas y testimonios.
Intentos de silenciar la difusión mediática
En paralelo al avance judicial, Porcel intentó frenar la cobertura periodística. En enero presentó medidas cautelares contra trece medios de comunicación, entre ellos Editorial Perfil, La Nación, América TV, Grupo Telefé, Infobae, Crónica, Grupo Clarín y C5N. El objetivo era imponer un “bozal legal” que impidiera la publicación de su nombre y los detalles de la causa. Solo tres de esas medidas habrían prosperado parcialmente, sin llegar a ser notificadas.
Perfil del empresario
Marcelo Porcel es un empresario vinculado históricamente a sectores de alto poder adquisitivo. Fue concesionario del predio Oh! Buenos Aires (ex Buenos Aires Design) en Recoleta y posee emprendimientos en Nordelta y Cañuelas. Su familia es reconocida en el ámbito financiero por haber fundado Argencard, la tarjeta de crédito vendida en la década de 1990. La magnitud de las imputaciones repercutió también en su entorno familiar: sus hijos fueron apartados de instituciones educativas debido a la presión de la comunidad.
Voces de la querella
“Los hechos venían ocurriendo desde hacía varios años, fuimos atando cabos. Un chico contaba que le hizo un masaje, otro padre advertía ‘no dejes ir a tu hijo a dormir’. Así los padres empezaron a preguntar”, revelaron fuentes cercanas a la querella. La consistencia de los relatos y la coincidencia en las descripciones fortalecieron la decisión judicial de avanzar con el procesamiento.
Recomendaciones ante sospechas de abuso infantil
El caso vuelve a poner en primer plano la importancia de la intervención temprana frente a la sospecha de violencia o abuso contra menores. En Argentina, la Ley 26.061 establece la obligación de denunciar cualquier indicio de vulneración de derechos.
- Línea 102: recurso nacional de atención especializada para niñas, niños y adolescentes.
- Línea 137: asistencia psicológica y legal inmediata en casos de violencia familiar o sexual.
- 911: intervención policial urgente ante peligro inminente.
Especialistas subrayan que, ante un relato espontáneo de un menor, el adulto debe escuchar con calma, validar el testimonio y evitar interrogatorios que puedan afectar futuras instancias judiciales. La comunidad educativa y el sistema de salud cumplen un rol clave como nodos de detección y derivación.