El oficialismo avanza con paso firme hacia la reforma de la Ley de Glaciares. Con dictamen previsto para este martes y una sesión especial convocada para el miércoles a las 15 horas, el Gobierno confía en reunir los votos necesarios para convertir el proyecto en ley. El respaldo de gobernadores y bloques aliados aparece como el factor decisivo, mientras la oposición anticipa un frente judicial abierto por cuestionamientos al proceso legislativo.
Mayorías en construcción y apoyo provincial
La Libertad Avanza llega al debate con un esquema de apoyos consolidado. Al bloque oficialista se suman el PRO, la UCR, espacios provinciales y legisladores alineados con mandatarios de distritos mineros como Catamarca, San Juan, Salta y Tucumán. El pedido de sesión especial reunió 127 firmas, apenas dos menos que el quórum, con margen para sumar adhesiones adicionales.
El impulso de los gobernadores cordilleranos ha sido determinante. La reforma busca habilitar mayores inversiones en minería bajo el esquema de incentivos del RIGI, replicando la mayoría que el oficialismo consiguió en el Senado. Incluso dentro del peronismo se anticipan acompañamientos parciales, lo que refuerza la expectativa de sanción sin sobresaltos.
Bajo perfil del Ejecutivo
En paralelo al armado de mayorías, el Gobierno optó por reducir la exposición política. Ningún ministro del gabinete participará en el plenario de comisiones: la defensa técnica quedará en manos de funcionarios de segunda línea de las áreas de minería y ambiente. La estrategia busca evitar que el debate escale en la agenda pública, en un contexto atravesado por otros conflictos y denuncias de corrupción.
La oposición, por su parte, anticipa que intentará vincular la discusión con los escándalos recientes, desde el caso $LIBRA hasta la situación del vocero Manuel Adorni, a quien buscarán interpelar en el recinto.
Los cambios en la ley
El proyecto redefine el alcance de la protección de glaciares y ambiente periglacial, limitándola a aquellas formaciones que cumplan funciones hídricas. Otorga a las provincias un rol central en la determinación de áreas bajo resguardo, con capacidad de revisar el inventario nacional elaborado por el IANIGLA. Las restricciones a la minería y la explotación hidrocarburífera se aplicarán solo sobre zonas estratégicas para el agua, mientras que el resto quedará sujeto a evaluaciones ambientales locales.
Para el oficialismo y los gobernadores, se trata de una actualización necesaria que compatibiliza desarrollo productivo y protección ambiental. Para la oposición, en cambio, implica una flexibilización que abre la puerta a la explotación en áreas sensibles. “Es una ley que quieren las mineras”, advirtió el diputado Jorge Taiana, quien denunció que la reforma “desprotege los periglaciares” y debilita el rol del Estado nacional.
Audiencias cuestionadas y frente judicial
El proceso legislativo arrastra cuestionamientos por las audiencias públicas realizadas en marzo. Más de 100 mil personas se inscribieron para participar, pero menos de 400 pudieron exponer. Organizaciones ambientales y bloques opositores denunciaron limitaciones en la participación y anticipan impugnaciones judiciales por incumplimiento de estándares ambientales y compromisos internacionales como el Acuerdo de Escazú.
El diputado socialista Esteban Paulón sintetizó el escenario: “El dictamen lo van a tener y es probable que tengan los votos también en el recinto. Después está la parte judicial, donde hay impugnaciones por todo el proceso”.
Un desenlace legislativo con horizonte judicial
Con los votos encaminados, el oficialismo se prepara para sancionar la reforma en Diputados. Sin embargo, el desenlace legislativo no cerrará la discusión: se abre un frente judicial y político que promete prolongar el conflicto más allá del Congreso. La tensión entre desarrollo minero y protección ambiental vuelve a instalarse en el centro del debate nacional.