El anuncio del PAMI de fijar en $2.100 la cápita por afiliado desató una fuerte reacción entre los médicos de cabecera, quienes advierten que la medida implica una reducción drástica de ingresos y pone en riesgo la atención de millones de jubilados. La Asociación de Profesionales de PAMI (APPAMIA) calificó la decisión como “una locura” y anunció un paro nacional de 72 horas, con posibilidad de extenderlo de manera indefinida.
El cambio en el sistema de pago
Hasta ahora, el esquema era mixto: los médicos recibían una parte fija de cápita —$945 por paciente— y un adicional equivalente al 40% de las consultas realizadas. Según explicó Atilio Rossi, delegado organizador de APPAMIA Córdoba, un médico con 400 afiliados podía percibir alrededor de $1.650.000 mensuales.
Con el nuevo sistema, retroactivo al 1 de abril, el pago será exclusivamente capitado: $2.100 por afiliado por mes, sin importar la cantidad de consultas. Esto reduciría el ingreso de un médico con 400 pacientes a unos $800.000, lo que Rossi calificó como “una situación inviable, inentendible y de altísima gravedad”.
La función del médico de cabecera
Rossi recordó que el médico de cabecera cumple un rol integral: es responsable de la historia clínica, pedidos de estudios, recetas, derivaciones, internaciones domiciliarias y hasta certificados de defunción. “El médico PAMI no tiene sábados, no tiene domingos, no tiene feriados. Nuestros pacientes tienen nuestro teléfono y WhatsApp para comunicarse en cualquier momento”, subrayó.
Protesta y paro nacional
Ante la medida, APPAMIA convocó a un paro de 72 horas en todo el país y a una movilización frente a la sede central del PAMI el próximo miércoles a las 11 de la mañana. “Si no tenemos solución, desgraciadamente vamos a un paro por tiempo indeterminado porque esta situación es una aberración que no podemos admitir”, advirtió Rossi.
Un conflicto de alto impacto
La decisión del PAMI abre un conflicto de gran magnitud, ya que los médicos de cabecera son el primer eslabón en la atención de más de 5 millones de afiliados. La reducción de ingresos amenaza con desarticular el sistema de atención primaria y genera alarma entre jubilados y organizaciones de salud, que temen un deterioro en la calidad del servicio.