La investigación por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo con las declaraciones de Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio, madre e hija, quienes confirmaron ante el fiscal federal Gerardo Pollicita que el funcionario les adeuda 70.000 dólares más intereses de un crédito hipotecario no bancario.
La operación bajo la lupa
Según el testimonio de las acreedoras, el préstamo original fue de 100.000 dólares (85.000 aportados por Molina y 15.000 por Cancio), otorgado en noviembre de 2024 para financiar la compra de un inmueble de Adorni en la avenida Asamblea, en Parque Chacabuco. La garantía fue una hipoteca sobre ese mismo departamento.
El funcionario ya habría cancelado 30.000 dólares del capital, mientras que el resto debe ser abonado en noviembre de 2026, con un interés anual del 11%. Molina y Cancio relataron que Adorni comenzó pagando cuotas de 900 dólares por intereses, comprometiéndose a devolver el total en dos años.
Vínculos y perfiles de las acreedoras
Molina es policía federal retirada y su hija Cancio se desempeña como contadora en actividad dentro de la misma fuerza. Ambas fueron citadas a declarar en Comodoro Py en el marco de la causa que investiga el patrimonio del jefe de Gabinete.
La operación se vincula además con la compra de una propiedad en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, realizada el mismo día por la esposa de Adorni, Bettina Angeletti.
La escribana y el origen de la operación
La escribana Adriana Nechevenko, responsable de las escrituras de las tres operaciones investigadas, negó que existieran préstamos en efectivo y aseguró que se trató de un financiamiento directo de los vendedores, dentro de un marco “normal” y sin irregularidades. Según su versión, la operación se pactó como una compra a pagar en cuotas.
Testimonios adicionales
La semana pasada, la Justicia también tomó declaración vía Zoom al exfutbolista Hugo Morales, dueño original del departamento, quien lo vendió a las mujeres que luego realizaron la transacción con Adorni.
El expediente, a cargo del juez Ariel Lijo, busca determinar si el jefe de Gabinete incurrió en enriquecimiento ilícito y si las operaciones inmobiliarias se ajustaron a la normativa vigente.