La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba determinó que la muerte de Melín Agustina Sartori, una joven de 24 años sin antecedentes médicos relevantes, estuvo directamente vinculada a la aplicación de la vacuna Sputnik V contra el Covid-19. El fallo, dictado casi cinco años después del deceso, ordena al Estado nacional indemnizar a la familia con una suma aproximada de 95 millones de pesos, en el marco del Fondo de Reparación COVID-19 previsto por la Ley 27.573.
La resolución fue emitida por la Sala A del tribunal, integrada por los jueces Eduardo Ávalos, Graciela Montesi y Liliana Navarro, quienes confirmaron la responsabilidad estatal en el caso y dispusieron que el Ministerio de Salud concluya en un plazo de 30 días los trámites administrativos pendientes para efectivizar el pago.
Un fallo inédito en el país
El abogado de la familia, Martín Barbará, calificó el proceso como “novedoso”, al tratarse —según su interpretación— del primer fallo judicial en Argentina que reconoce un vínculo causal entre una vacuna contra el Covid-19 y un fallecimiento, y que ordena una reparación económica al amparo del fondo creado durante la pandemia.
El tribunal concluyó que la muerte de Sartori, ocurrida el 29 de julio de 2021, fue consecuencia de una trombosis con trombocitopenia, un cuadro que se manifestó días después de recibir la primera dosis de Sputnik V. “En base a los elementos reunidos, es posible concluir que el evento se encuentra relacionado a la colocación de la vacuna Sputnik V”, sostiene el fallo.
La indemnización corresponde al equivalente de 240 haberes mínimos jubilatorios, tal como establece el mecanismo de compensación previsto por la normativa vigente.
El caso: una evolución clínica abrupta
Melín Agustina Sartori había iniciado junto a su familia un emprendimiento gastronómico poco antes de vacunarse. El 15 de julio de 2021 recibió la primera dosis de Sputnik V y, seis días después, comenzó con vómitos y cefaleas intensas.
Fue internada de urgencia y su cuadro evolucionó rápidamente hacia una trombosis con trombocitopenia, acompañada de un deterioro neurológico irreversible. Falleció dos semanas después de la vacunación.
Según explicó Barbará, uno de los puntos centrales del reclamo fue que la vacuna “no contaba con un sistema de farmacovigilancia adecuado”, es decir, un monitoreo continuo para detectar y evaluar posibles efectos adversos. Este argumento fue considerado por la Justicia al analizar la responsabilidad del Estado en la implementación del plan de vacunación.
El marco legal: el Fondo de Reparación COVID-19
La Ley 27.573, aprobada en 2020, creó un fondo de reparación económica destinado a indemnizar a personas que sufrieran efectos adversos graves vinculados a las vacunas contra el Covid-19 aplicadas en el país. El mecanismo establece:
- Un procedimiento administrativo específico para evaluar los reclamos.
- La intervención del Ministerio de Salud y una comisión médica.
- Montos de indemnización equivalentes a haberes jubilatorios mínimos.
El fallo ordena al Ministerio de Salud completar los pasos pendientes de este procedimiento —establecidos en la Resolución Conjunta 7/2022— para que la familia pueda acceder al resarcimiento.
Un antecedente que abre debate
La resolución judicial podría convertirse en un antecedente relevante en materia de responsabilidad estatal durante la campaña de vacunación contra el Covid-19. Si bien los tribunales no cuestionaron la validez sanitaria de las vacunas ni su rol en la pandemia, sí analizaron la obligación del Estado de garantizar mecanismos de control, seguimiento y reparación ante efectos adversos graves.
El caso también reaviva el debate sobre la transparencia en la información disponible durante la emergencia sanitaria y sobre la implementación de sistemas de farmacovigilancia robustos en contextos de vacunación masiva.