El Gobierno nacional se encuentra frente a uno de los desafíos más delicados en materia de salud pública vinculada a las fuerzas de seguridad y defensa: la crisis del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA). Lo que alguna vez fue considerado uno de los sistemas más sólidos y eficientes de cobertura médica para uniformados, hoy atraviesa un escenario de colapso, con prestaciones interrumpidas, hospitales desbordados y una deuda que supera los 200 mil millones de pesos.
En ese contexto, trascendió que el presidente Javier Milei firmaría en los próximos días un decreto que dividiría la estructura de IOSFA entre los ministerios de Seguridad y Defensa, mientras que el pasivo financiero quedaría bajo la órbita del Ministerio de Economía. La medida, que se espera sea publicada en el Boletín Oficial, busca garantizar la atención de más de 600 mil afiliados —entre personal activo y retirado— que actualmente padecen la incertidumbre de un sistema en crisis.
Seguridad: licitaciones y prepagas para Prefectura y Gendarmería
Según versiones oficiales, el Ministerio de Seguridad, conducido por Alejandra Monteoliva, asumiría la responsabilidad de brindar cobertura a la Prefectura Naval Argentina y la Gendarmería Nacional, las dos fuerzas con mayor número de afiliados. Para ello, se abrirían procesos de licitación con las principales empresas de medicina prepaga del país, en un intento de descentralizar la atención y garantizar continuidad en tratamientos que hoy se encuentran suspendidos.
El proyecto contempla además la creación de la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), que incluiría a la Policía Federal Argentina (PFA), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF). Desde la cartera de Seguridad reconocen la urgencia de la medida: “Necesitamos que nos firmen el divorcio”, admitieron funcionarios, en alusión a la separación administrativa respecto de Defensa.
Defensa: hospitales militares y continuidad asistencial
Por su parte, el Ministerio de Defensa, bajo la conducción del teniente general Carlos Presti, mantendría la atención de las Fuerzas Armadas —Ejército, Armada y Fuerza Aérea— preservando la actual red de hospitales militares. Aunque el nombre del nuevo sistema aún no está definido, se busca garantizar la continuidad de los nosocomios de alta complejidad y de los centros intermedios, considerados pilares históricos de la asistencia médica castrense.
Fuentes cercanas a Defensa señalan que el ministro trabaja en la incorporación de profesionales especializados en gestión sanitaria, con el objetivo de evitar los errores administrativos que marcaron la gestión anterior. La intención es reconstruir un esquema sustentable que permita recuperar la confianza de los afiliados y evitar el desguace de estructuras críticas.
Economía: el pasivo millonario y el dilema de los aportes
El aspecto más complejo del rediseño institucional recae en el Ministerio de Economía, que deberá absorber una deuda superior a los 200 mil millones de pesos. La magnitud del pasivo convierte a IOSFA en un problema estructural que excede la capacidad de recaudación del ámbito militar.
En paralelo, circula la incómoda posibilidad de que se evalúe un aumento en los aportes de los afiliados para sostener la transición. Sin embargo, en un contexto de salarios deprimidos y sin perspectivas de incrementos en el corto plazo, esa alternativa es rechazada de plano por las fuerzas. “Sería un golpe imposible de soportar”, advierten voceros castrenses, recordando que la crisis económica ya ha derivado en situaciones extremas, con casos de suicidios de efectivos en distintas regiones del país, incluso en la propia guardia de la Residencia de Olivos.
Un sistema en transición
La eventual desaparición de IOSFA como estructura única marcaría el fin de un modelo de atención que funcionó durante décadas. El nuevo esquema, aún en proceso de definición, busca dar respuesta a una emergencia sanitaria que afecta directamente a quienes cumplen funciones de seguridad y defensa en todo el territorio nacional.
La publicación del decreto en el Boletín Oficial será el punto de partida de una transición que promete ser compleja y que, según especialistas, requerirá no solo de reformas administrativas, sino también de un fuerte compromiso político para garantizar que la salud de los uniformados deje de ser rehén de la crisis financiera.