La crisis ambiental provocada por los incendios forestales en la Patagonia se trasladó este viernes a la Ciudad de Buenos Aires, donde organizaciones sociales, ambientales y políticas se movilizaron hasta el Ministerio de Seguridad de la Nación. El reclamo apuntó a la falta de recursos, la ausencia de políticas de prevención y el recorte presupuestario en áreas clave para enfrentar la emergencia.
La protesta se produce tras casi dos meses de focos ígneos en Chubut y otras provincias patagónicas, que ya consumieron más de 230.000 hectáreas de bosques y pastizales, una superficie equivalente a diez veces la Ciudad de Buenos Aires. Pese a que el Gobierno nacional declaró la Emergencia Ígnea mediante un decreto firmado por el presidente Javier Milei, los manifestantes advirtieron que la medida resulta insuficiente frente a la magnitud del desastre.
Críticas al recorte presupuestario y a la falta de prevención
En un documento difundido durante la movilización, las organizaciones señalaron que los incendios eran “previsibles” por factores climáticos, negligencias e incluso acciones intencionales, en el marco de uno de los veranos más secos de los últimos años. Denunciaron además que el presupuesto 2026 prevé un recorte del 78,5% para el Sistema Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) respecto de 2025, y recordaron que en el último año se subejecutaron más de 20.000 millones de pesos destinados a la prevención.
“El Gobierno niega la crisis climática no solo como una pose discursiva, sino con hechos concretos: desfinancia Parques Nacionales, el Servicio Meteorológico Nacional y el SNMF”, remarcaron los manifestantes.
Reclamo por leyes ambientales
La marcha también incluyó un fuerte rechazo a la derogación de la Ley de Tierras y a la modificación de la Ley de Glaciares, iniciativas impulsadas por el oficialismo en el marco del DNU 70/2023 y de las sesiones extraordinarias convocadas para febrero.
La diputada Lucía Cámpora, presente en la movilización, advirtió: “El gobierno quiere modificar la Ley de Glaciares para reducir la protección de nuestros bienes naturales. Es fundamental impedir que se flexibilicen estas normativas, que son parte de las exigencias del FMI en materia ambiental”.
Exigencias de las organizaciones
Entre los principales reclamos, las organizaciones pidieron:
- Recursos extraordinarios para controlar los focos activos.
- Formación de nuevos brigadistas y mejora salarial para el personal existente.
- Equipamiento adecuado para enfrentar incendios de gran magnitud.
- Una política nacional y provincial de prevención en zonas de alto riesgo.
- Prohibición de cambiar el uso del suelo en áreas quemadas para evitar negocios inmobiliarios.
- Planes de reconstrucción que incluyan asistencia habitacional, apoyo a sectores productivos, reforestación con especies nativas y recuperación de caminos y rutas.
Voces desde la provincia de Buenos Aires
La ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, participó de la movilización y cuestionó la postura del Ejecutivo nacional: “Nuestra Patagonia se está prendiendo fuego y la desidia del gobierno solo agrava la situación. A esto se suma la eliminación del Fondo Fiduciario de Bosques Nativos y el intento de flexibilizar leyes ambientales clave. Nada de esto es casual: es un combo que busca facilitar inversiones mineras y desmontes en zonas protegidas”.
Una crisis que exige planificación
La emergencia ígnea expone la fragilidad de las políticas ambientales en Argentina y la necesidad de un plan integral que combine prevención, financiamiento y legislación. Mientras los incendios continúan avanzando en distintas provincias, las organizaciones advierten que sin una estrategia coordinada entre Nación y provincias, los desastres podrían repetirse con mayor frecuencia e intensidad en los próximos años.