Según un reporte del diario The New York Times, las administraciones de Estados Unidos y la Argentina mantienen negociaciones avanzadas para concretar un acuerdo que permitiría al gobierno de Donald Trump deportar hacia territorio argentino a inmigrantes de otras nacionalidades latinoamericanas. La información surge de documentos oficiales norteamericanos y de dos fuentes familiarizadas con las tratativas, citadas por el medio estadounidense.

Las conversaciones, aún sin confirmación oficial por parte del Gobierno argentino, se inscriben en el marco de la campaña de deportaciones masivas impulsada por la administración republicana desde la asunción de Trump, que incluyó el despliegue de miles de agentes de inmigración de distintas agencias federales.

Fuentes del oficialismo reconocieron que la Subsecretaría de Defensa de Estados Unidos realizó sondeos ante el Ministerio de Seguridad argentino. Durante la gestión de Patricia Bullrich se recibieron pedidos similares, aunque nunca se avanzó en su instrumentación. Las dudas entonces giraban en torno al impacto social que podría generar la llegada de detenidos de otras nacionalidades en un país con una idiosincrasia distinta a la de El Salvador o Belice, donde ya se aplicaron acuerdos de este tipo.

Desde la embajada norteamericana en Buenos Aires evitaron dar precisiones: “No tenemos comentarios sobre los detalles de nuestras comunicaciones diplomáticas con otros gobiernos”, señalaron. En la misma línea, un vocero del Departamento de Estado en Washington afirmó que implementar las políticas migratorias de Trump es una prioridad, pero declinó referirse a negociaciones específicas.

Un acuerdo en evaluación

De acuerdo con los documentos citados por The New York Times, el subsecretario de Política Exterior argentino, Juan Manuel Navarro, presentó este mes una propuesta para avanzar en un acuerdo con un tercer país. El canciller Pablo Quirno, según el reporte, se habría comprometido con las autoridades estadounidenses a firmar dicho convenio. La Cancillería, sin embargo, sostuvo que no comenta conversaciones diplomáticas en curso.

El esquema planteado prevé que la Argentina reciba a personas detenidas cerca de la frontera estadounidense tras ingresar ilegalmente, para luego facilitar su retorno a sus países de origen. La iniciativa se mantiene bajo estricto hermetismo.

La revelación se produce pocos días después de que el Gobierno argentino informara un incremento significativo en las inadmisiones y expulsiones de ciudadanos extranjeros en los pasos fronterizos. Entre diciembre y enero, casi 5.000 personas fueron rechazadas o expulsadas, según datos oficiales. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, atribuyó el aumento al refuerzo de controles en aeropuertos, puertos y corredores fronterizos.

Estrategia disuasoria

El diario neoyorquino subraya que la Casa Blanca busca enviar un “mensaje disuasorio” a los migrantes para desalentar cruces ilegales hacia Estados Unidos. Trump sostiene que su estrategia permitió reducir los ingresos irregulares a un mínimo histórico durante el primer año de su segunda gestión.

Además, estos acuerdos cumplen otra función: facilitar la deportación de ciudadanos de países con los que Washington enfrenta dificultades diplomáticas o logísticas para concretar retornos directos. En ese marco, la administración republicana ya deportó migrantes a Costa Rica, El Salvador y Panamá, pese a cuestionamientos legales que hasta ahora no frenaron la práctica.

Cifras y contexto

Según un análisis de datos federales realizado por The New York Times, en el último año Estados Unidos deportó a unas 230.000 personas arrestadas dentro del país y a otras 270.000 detenidas en la frontera. A ellas se suman unas 40.000 que optaron por la “autodeportación”. Aunque el total quedó por debajo de la meta de Trump de alcanzar un millón de expulsiones en un año, la cifra supera ampliamente el volumen registrado durante los cuatro años de la administración de Joe Biden.

El artículo, firmado por Emma Bubola en Buenos Aires y Hamed Aleaziz en Washington, concluye que las negociaciones con la Argentina reflejan la intención del presidente Javier Milei de profundizar su alianza con Estados Unidos, incluso a riesgo de tensiones con su propia política migratoria interna.

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