Una investigación judicial en Mar del Plata permitió desarticular una organización que operaba desde el interior de cárceles bonaerenses y que combinaba estafas telefónicas con robos domiciliarios. La causa reveló una estructura integrada por internos y colaboradores en libertad que, según la pesquisa, llegó a realizar cerca de 20.000 llamadas en apenas siete meses.
La modalidad comenzaba con un llamado telefónico. Del otro lado de la línea, un supuesto policía o funcionario judicial informaba sobre un accidente, una detención o una emergencia familiar. El objetivo era generar desesperación y lograr que la víctima entregara dinero o información sensible.
Del engaño telefónico a las entraderas
Los investigadores detectaron que cuando las estafas no prosperaban, algunos integrantes de la organización recurrían directamente a la violencia.
Uno de los hechos más graves ocurrió en Mar del Plata, donde una mujer de 70 años fue atacada dentro de su vivienda por delincuentes que la maniataron, la golpearon y la obligaron a revelar dónde guardaba sus ahorros. Los asaltantes escaparon con efectivo tras someterla a una agresión extrema.
Ese episodio permitió a los investigadores avanzar sobre una red mucho más amplia de lo que inicialmente se sospechaba.
El falso “subcomisario Gutiérrez”
La pesquisa ubicó como uno de los principales operadores a Hugo Carlos Miguel, conocido como “El Gitano”, un interno alojado en la Unidad Penal de Lisandro Olmos.
Según la acusación, se presentaba ante las víctimas como el “subcomisario Gutiérrez” y utilizaba distintos relatos para obtener dinero.
Entre las historias más frecuentes figuraban:
- Supuestos accidentes de familiares.
- Detenciones policiales que requerían una fianza urgente.
- Cambios económicos inminentes que obligaban a entregar dólares para ser canjeados.
La presión psicológica y la urgencia eran elementos centrales del engaño.
Una estructura organizada desde tres cárceles
La investigación determinó que la organización no operaba desde un único penal.
Según la reconstrucción judicial, distintos internos participaban desde varias unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires.
Mientras algunos realizaban las llamadas, otros se encargaban de conseguir información sobre posibles víctimas, analizar su situación económica y seleccionar objetivos con capacidad para entregar dinero en efectivo.
Fuera de las cárceles actuaban los encargados de retirar el dinero o ejecutar robos cuando la maniobra telefónica fracasaba.
20.000 llamadas y 11 chips distintos
Uno de los datos más llamativos surgió del análisis de los teléfonos utilizados por la organización.
Los peritajes revelaron que entre marzo y octubre se habrían realizado casi 20.000 llamadas salientes, utilizando al menos 11 tarjetas SIM diferentes.
Los contactos se distribuían por distintas ciudades del país e incluso aparecieron registros vinculados con comunicaciones fuera de Argentina.
La magnitud de la actividad llevó a los investigadores a describir el esquema como un verdadero «call center delictivo».
Sospechas sobre complicidades internas
La causa también abrió interrogantes sobre cómo era posible sostener semejante volumen de comunicaciones desde el interior de establecimientos penitenciarios.
Los investigadores consideran difícil explicar la cantidad de llamadas, la duración de las comunicaciones y la disponibilidad de teléfonos celulares sin algún grado de facilitación o tolerancia dentro de las unidades penitenciarias.
Esa hipótesis forma parte de las líneas de investigación que continúan abiertas.
El debate por los celulares en las cárceles
A partir de los hallazgos, la fiscalía volvió a plantear la necesidad de restringir el uso de teléfonos celulares dentro de los penales bonaerenses.
Los investigadores sostienen que gran parte de las estafas telefónicas denunciadas en distintos puntos del país son coordinadas desde cárceles y consideran que el acceso a dispositivos móviles facilita la continuidad de este tipo de delitos.
La causa continúa avanzando para determinar el alcance total de la organización, identificar a todos sus integrantes y establecer si existieron colaboraciones externas que permitieron mantener operativa una estructura que, según la investigación, funcionó durante meses con alcance nacional.