El Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1 ordenó la realización de un nuevo informe médico sobre el estado de salud del fotoperiodista Pablo Grillo, gravemente herido durante la protesta frente al Congreso de la Nación el 12 de marzo de 2025. La medida, prevista para el próximo 23 de abril, busca evaluar las secuelas permanentes y la capacidad de autonomía del reportero gráfico, mientras se encamina la apertura del juicio oral contra el gendarme Héctor Jesús Guerrero, acusado de efectuar el disparo que lo lesionó.
La jueza María Servini dispuso que el estudio sea realizado por el Cuerpo Médico Forense junto a peritos de la defensa y la querella. El objetivo es determinar los avances y retrocesos en la recuperación del fotógrafo de 36 años, quien sufrió una fractura expuesta de cráneo tras recibir el impacto directo de un cartucho de gas lacrimógeno. Según las primeras pericias, su vida corrió peligro “real y concreto”.
El camino hacia el juicio
La abogada Agustina Lloret, integrante del equipo jurídico del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) y representante de la familia Grillo, explicó que este informe es clave para cerrar la etapa de instrucción y dar paso al debate oral. “El estudio apunta a precisar qué secuelas permanentes o provisorias enfrenta Pablo, y si podrá desarrollar su vida con cierta normalidad o necesitará asistencia permanente”, señaló.
Una vez incorporado el informe, la jueza dará intervención a la Fiscalía y a la querella para formular la acusación que llevará a Guerrero al banquillo. La defensa del gendarme, en tanto, anticipa una estrategia orientada a desligarlo de responsabilidad, mientras que la querella pondrá el foco en la prohibición expresa de disparar proyectiles en ángulo horizontal contra manifestantes, tal como quedó acreditado en la reconstrucción de los hechos.
Responsabilidad de la cadena de mando
Si bien el primer juicio se concentrará en la figura del cabo primero Guerrero, la querella insiste en que debe investigarse la responsabilidad de la cadena de mandos que supervisó el operativo. En presentaciones recientes, se apuntó contra jefes inmediatos como Hernán Ariel Kozak y Jorge Luis Reyes, además del comisario inspector de la Policía Federal Gerardo Perillo Scampini, el jefe del Destacamento Móvil 6 Néstor Germán López, y el jefe del Primer Escuadrón Contradisturbios Gonzalo Goulart.
El escrito también incluyó a autoridades superiores, como el entonces director nacional de Gendarmería Claudio Miguel Brilloni y la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, a quien se le reprocha haber responsabilizado públicamente a la víctima y brindar una versión falsa de lo ocurrido.
Ratificación judicial
El 26 de febrero pasado, la Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal rechazó el recurso de casación presentado por la defensa de Guerrero, confirmando el procesamiento y el embargo de sus bienes por 203 millones de pesos. Los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico ratificaron la calificación de “lesiones gravísimas agravadas por abuso de función, en concurso real con abuso de armas, reiterado en cinco oportunidades”.
Un caso emblemático
El proceso judicial contra Guerrero se perfila como un caso emblemático en la discusión sobre el uso de la fuerza en manifestaciones públicas y la responsabilidad de las fuerzas de seguridad frente a la prensa. La evolución de Grillo, que aún enfrenta un largo camino de rehabilitación, será determinante para el encuadre final de la acusación y para el debate sobre los límites del accionar represivo en contextos democráticos.