Una auditoría interna del Ministerio de Salud reveló un nuevo capítulo en el escándalo que envuelve a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo desarticulado tras las denuncias de corrupción que estallaron en 2025. El informe, al que accedió el diario La Nación, expone diferencias de precios que alcanzan niveles inéditos: sobrecostos del 1000%, 2000% y hasta un 4239% en la adquisición de insumos esenciales como prótesis, sillas de ruedas y andadores.
Según el documento, fechado en abril de 2025, la ANDIS llegó a pagar $12.150.000 por un andador, cifra que supera en más de cuarenta veces el valor de referencia del mercado. La factura detalla características comunes —frenos de doble función, ruedas delanteras giratorias, asiento acolchado rebatible y canasto— que no justifican semejante diferencia.
El informe es categórico: “La documentación respaldatoria revela desvíos de precios injustificables y una red de conexiones societarias y familiares entre los proveedores que distorsionan los principios de libre competencia y razonabilidad del gasto público”. Ese material ya está en manos de la Justicia y alimenta la segunda ronda de indagatorias en la causa que investiga al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo.
Seis proveedores bajo sospecha por sobrefacturación millonaria
La auditoría identificó a seis empresas que concentraron las operaciones cuestionadas: Farma Salud, Artrobone, Bymax Medical, Cirugía y Ortopedia Innova, Expo Trauma y Ortopedia Bernat. Entre todas recibieron pagos por $18.100 millones, distribuidos en 37 facturas analizadas.
La firma más beneficiada fue Farma Salud, que acumuló ventas por $7900 millones. Su socio mayoritario, Osmar Mariano Caballi, deberá declarar ante la Justicia. Caballi no es un desconocido en el ámbito estatal: durante el gobierno de Alberto Fernández ocupó brevemente la Dirección General de la ANDIS, lo que para los investigadores podría haber facilitado el acceso privilegiado a información interna.
Los otros socios de la compañía, Hernán Darío Rasmussen y Maximiliano Ariel Perdiechizi, presentaron un descargo en el que niegan cualquier responsabilidad y apuntan directamente a Caballi. Aseguran que la empresa, fundada en 2004, había reducido su actividad por problemas económicos y que fue él quien impulsó su reactivación en 2024, prometiendo nuevos negocios gracias a sus contactos en la función pública.
Otra de las firmas señaladas, Bymax Medical, tenía como gerente a Patricio Oscar Acosta, pareja de Lorena Di Giorno, exfuncionaria de la ANDIS y actualmente procesada. Di Giorno trabajaba bajo la órbita de Miguel Ángel Calvete, también imputado. El informe detalla sobreprecios reiterados en facturas emitidas por esta empresa.
Un sistema de licitaciones bajo sospecha
La documentación también cuestiona el mecanismo mediante el cual la ANDIS seleccionaba a sus proveedores. El organismo utilizaba el Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (Siipfis), que, según la hipótesis judicial, habría sido manipulado para “invitar” únicamente a un grupo reducido de empresas, simulando procesos competitivos que en la práctica no existían.
Los investigadores sospechan que se montó un esquema de competencias ficticias para justificar precios inflados. Por este motivo, fueron citadas a indagatoria 49 personas, entre exfuncionarios, empresarios y presuntos intermediarios.
Varios imputados intentan frenar el avance del expediente solicitando la nulidad de la causa, argumentando que los audios atribuidos a Spagnuolo —en los que se mencionaría un “3% para Karina”, en referencia a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei— serían ilegales.
La pericia clave que puede cambiar el rumbo del caso
La estrategia defensiva podría debilitarse en los próximos días. El fiscal Franco Picardi pidió realizar una pericia de voz para determinar científicamente si los audios pertenecen efectivamente a Spagnuolo. La confirmación pericial sería un punto de inflexión, ya que permitiría incorporar esas grabaciones como prueba válida en la investigación.
El expediente, a cargo del juez Ariel Lijo, busca establecer si en el área de Discapacidad funcionó una asociación ilícita dedicada a direccionar contratos estatales a cambio de retornos que, según la hipótesis fiscal, oscilaban entre el 12% y el 20% del valor de las compras.
Mientras avanza la nueva tanda de indagatorias, el caso ANDIS vuelve a exponer una trama de vínculos entre funcionarios, exfuncionarios y proveedores que, de confirmarse, habría desviado miles de millones de pesos destinados a personas con discapacidad y enfermedades crónicas, uno de los sectores más vulnerables del sistema de salud pública.