El Gobierno nacional oficializó este lunes una de las reestructuraciones presupuestarias más profundas desde el inicio de la gestión de Javier Milei. A través de la Decisión Administrativa 20/2026, firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, el Ejecutivo dispuso un recorte de casi $3 billones en partidas clave de Salud, Educación, infraestructura y transferencias a provincias, al tiempo que reasignó fondos para financiar planes de retiros voluntarios en la ANSES y reforzar partidas judiciales.

La medida, que ya rige, se enmarca en la estrategia oficial de consolidar el superávit fiscal comprometido ante el FMI y profundiza la política de ajuste que el Gobierno denomina “motosierra”. El documento publicado en el Boletín Oficial justifica la poda como un “reordenamiento de las cuentas públicas”, aunque su impacto alcanza programas sociales, obras estratégicas y organismos esenciales del Estado.

Golpe a Salud: recortes en medicamentos, cáncer y organismos clave

El Ministerio de Salud sufrió una reducción de $63.021 millones, afectando programas de alta sensibilidad social. Entre los recortes más significativos se destacan:

• $20.000 millones menos para acceso a medicamentos y tecnología médica.
• $25.000 millones menos para el fortalecimiento de sistemas provinciales.
• $5.000 millones menos para el programa de lucha contra el cáncer, lo que impacta directamente en ayudas sociales para pacientes oncológicos.

También se paralizan obras y proyectos del INCUCAI y del Instituto Malbrán, organismos centrales para trasplantes, vigilancia epidemiológica y respuesta ante emergencias sanitarias.

Educación: fuerte ajuste en alfabetización, salarios docentes y universidades

La Secretaría de Educación registró una poda de $78.768 millones, con impacto directo en programas estructurales:

• Plan Nacional de Alfabetización: recorte superior a $35.000 millones.
• Fondo de Compensación Salarial Docente: baja de casi $9.000 millones, que afecta la equiparación salarial en provincias.
• Universidades Nacionales: paralización de obras por $5.303 millones, afectando a la UNLP, UNSAM, UNDAV y otras casas de estudio.
• EDUC.AR S.A.: pérdida de $48.000 millones en transferencias, comprometiendo programas digitales y educativos.

Ajuste al federalismo: más de $970.000 millones menos para provincias

El recorte más voluminoso recae sobre las provincias y municipios, con una quita superior a $970.000 millones. Esto incluye:

• Eliminación de transferencias directas.
• Suspensión de obras hídricas esenciales, como el Acueducto Vipos (Tucumán) y el Sistema de Agua Potable de Concordia.
• Paralización de infraestructura de saneamiento por $27.641 millones.

La medida profundiza la tensión entre Nación y gobernadores, que ya habían advertido sobre el deterioro de las finanzas provinciales y la imposibilidad de sostener servicios básicos sin asistencia federal.

Mientras recorta, el Gobierno financia retiros voluntarios en ANSES

En contraste con la poda generalizada, la normativa incorpora fondos para el Plan de Retiros de Voluntad Recíproca en ANSES, destinado a empleados con más de dos años de antigüedad. El esquema prevé:

• Indemnizaciones de hasta $80 millones en un solo pago.
• Pago en hasta dos cuotas mensuales si la cifra supera ese monto.

Además, se incrementó en $500.000 millones el límite para el pago de sentencias previsionales, llevando el total a $712.288 millones, con el objetivo de cancelar juicios de jubilados.

Refuerzo al Poder Judicial en medio del ajuste

El Consejo de la Magistratura también recibió una ampliación presupuestaria para garantizar su funcionamiento:

• $115.194 millones para gastos de personal.
• $22.000 millones para bienes de uso bajo el programa “Justicia de Máxima Instancia”.

El refuerzo contrasta con los recortes en otras áreas y responde a la necesidad de sostener la operatividad del Poder Judicial en un contexto de reordenamiento general.

La motosierra fiscal: el detalle de los recortes más significativos

El ajuste más severo se concentró en el ítem “Otras Asistencias Financieras – Servicios Económicos”, bajo Obligaciones del Tesoro Nacional, con una quita de $1,47 billones, vinculada directamente a la reducción de subsidios y la actualización tarifaria.

Entre las partidas recortadas se destacan:

• Acciones para el Uso Racional y Eficiente de la Energía (Economía): $359.497 millones.
• Infraestructura para el Desarrollo del Deporte (Interior): $320.671 millones.
• Repavimentación de la Ruta Nacional 38 (Tucumán–Catamarca): $97.104 millones.
• Fondo de Compensación Salarial Docente: $78.711 millones.
• Programa de Cáncer (Salud): $63.021 millones.
• Integración Social y Ciudadanía (Capital Humano): $55.465 millones.
• Integración Socio-Urbana (Economía): $39.442 millones.
• Otras partidas: $206.631 millones.

Impacto fiscal: el Gobierno proyecta un superávit de $3,2 billones

En términos netos, la Administración Central sufrió una poda de $2,5 billones, equivalente al 1,6% del gasto total. Combinado con una recaudación superior a la prevista en $565.000 millones, el Gobierno estima que podrá elevar la proyección de superávit fiscal a $3,2 billones.

El ajuste, uno de los más profundos desde la recuperación democrática, consolida la estrategia del Ejecutivo de priorizar el equilibrio fiscal por sobre la expansión del gasto público, aun a costa de programas sociales, infraestructura y financiamiento provincial.