El programa de Apoyo y Promoción de la Salud Mental, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, atraviesa una crisis presupuestaria sin precedentes. Según los datos oficiales del Presupuesto Abierto, en lo que va de 2026 se ejecutaron apenas $1,4 millones, lo que equivale a un promedio mensual de $466 mil. La cifra resulta casi idéntica a una jubilación mínima con bono —hoy fijada en $440 mil— y está muy lejos de cubrir las necesidades de un sistema que debería garantizar la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental (26.657).
El recorte es drástico: el presupuesto destinado a esta actividad pasó de $475 millones en 2025 a sólo $47 millones en 2026, lo que representa una caída del 91,5%. Si se compara con 2023, la reducción alcanza los $652 millones. El monto actual, advierten especialistas, ni siquiera cubre el costo mensual de medicamentos de un jubilado, estimado en $503 mil por la Defensoría de la Tercera Edad.
Un retroceso histórico
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) ya había alertado sobre la tendencia regresiva en la inversión en salud mental. “Los niveles de inversión en esta actividad cayeron abruptamente en 2016 y nunca se recuperaron”, señalaron en su momento. El panorama actual confirma y profundiza ese diagnóstico: el ajuste se consolida en un contexto de creciente demanda de atención.
De acuerdo con un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria, las internaciones por motivos de salud mental en la provincia de Buenos Aires pasaron de 28.451 en 2019 a 45.785 en 2024. El mismo documento advierte que la proporción de niños, niñas y adolescentes internados creció del 9% en 2023 al 13% en 2024, reflejando una crisis vital en esa población. En once provincias, además, las consultas en el sistema público aumentaron ante la imposibilidad de acceder a tratamientos privados.
Crisis en las instituciones y atrasos en los pagos
La situación se replica en organismos vinculados, como la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar), que coordina políticas de prevención y asistencia en consumos problemáticos. Su presupuesto para 2026 es de $67.051 millones, $546 millones menos que el año anterior. Sin embargo, el problema no es sólo la reducción de fondos, sino también los atrasos en los pagos.
La Mesa Nacional de Adicciones denunció que numerosas instituciones se encuentran en riesgo de cierre por la demora de más de tres meses en el pago de becas de tratamiento. “Las instituciones que prestan servicio en todas sus modalidades se encuentran en riesgo de cierre”, advirtieron en un comunicado.
Fabián Tonda, titular de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales de la Argentina para la Prevención y el Tratamiento del Abuso de Drogas (Fonga), confirmó que recién esta semana se hicieron efectivos los pagos hasta diciembre. “Si la semana que viene pagan enero, estaríamos dentro del retraso normal histórico del Estado, que es de 60 días”, explicó. El atraso, sin embargo, obligó a muchas instituciones a endeudarse o precarizar sus servicios, con consecuencias directas en la atención de los pacientes.
Voces desde el territorio
Fernando, consultor psicológico y tallerista de psicodrama en uno de estos centros, describió la importancia de las actividades que allí se realizan. “La idea de los talleres es que los residentes puedan buscar otras formas de expresar sus emociones, poder hacer escenas en las que ellos se vean y vean qué cosas hay que modificar”, relató. También destacó el trabajo de revinculación con las familias y la enseñanza de habilidades básicas de convivencia y comunicación, fundamentales para la reinserción social.
La crisis institucional, advirtió, no afecta únicamente a los pacientes: “Quedan chicos en la calle sin tratamiento, con consecuencias no sólo para ellos sino para las familias y para la sociedad, porque el sistema de consumo implica que también puede haber delito para poder conseguir drogas”. En muchos casos, los centros representan la única alternativa a la calle, ofreciendo techo, comida y contención.