El Poder Ejecutivo oficializó este lunes la puesta en marcha del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), un esquema que establece una reducción progresiva de las contribuciones patronales durante cuatro años para las empresas que incorporen trabajadores no registrados. La medida quedó plasmada en el decreto 315/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, y los ministros Sandra Pettovello y Luis Caputo.
Objetivos y alcance del RIFL
El programa busca incentivar la formalización del empleo en sectores donde predomina la informalidad, ofreciendo beneficios fiscales a los empleadores que cumplan con las condiciones administrativas y legales exigidas. El incentivo central consiste en una disminución de las contribuciones patronales durante los primeros 48 meses de cada vínculo laboral, con alícuotas reducidas del 2% y 3%, según el destino de los aportes.
El esquema contempla un límite: las altas bajo este régimen no podrán superar el 80% de la nómina total de cada empleador. Además, se mantiene la obligación de aportar al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), lo que asegura la continuidad de esa fuente de financiamiento.
A qué trabajadores apunta
El RIFL establece cuatro categorías de beneficiarios:
- Personas que al 10 de diciembre de 2025 no tenían empleo registrado.
- Desocupados durante los seis meses previos a la contratación.
- Ex monotributistas sin relación de dependencia en el semestre anterior.
- Trabajadores cuyo último empleo registrado haya sido en el sector público (nacional, provincial, municipal o CABA).
El decreto aclara que, si el trabajador obtiene ingresos adicionales luego de iniciada la relación laboral, esa situación no afecta los beneficios otorgados al empleador.
Condiciones y controles
Las empresas interesadas deben inscribirse ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a partir del 10 de diciembre de 2025. Las relaciones laborales alcanzadas son aquellas registradas entre el 1° de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027.
ARCA será responsable de definir los mecanismos de liquidación y pago, además de implementar controles automatizados para excluir de inmediato a quienes incumplan las condiciones. En caso de irregularidades, los empleadores deberán regularizar las contribuciones omitidas con intereses y penalidades.
Contexto judicial y político
La reglamentación se produce tras el fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, que dejó sin efecto la cautelar que había frenado la reforma laboral y restableció la vigencia de 83 artículos. Posteriormente, la Cámara Contencioso Administrativa Federal resolvió que la presentación impulsada por la CGT debía tramitarse en ese fuero, lo que despejó el camino para la implementación del régimen.
Con ese respaldo judicial, el Ejecutivo avanzó en la instrumentación del RIFL, interpretando que la normativa se encuentra plenamente operativa. La medida se inscribe en la estrategia oficial de reducir la informalidad laboral y estimular la contratación en el sector privado, en un contexto de tensiones políticas y sindicales por el alcance de la reforma.