El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, acumula denuncias judiciales y administrativas en su contra, pero aún no tiene abogado que lo represente formalmente. Mientras el Gobierno avanzó en una defensa política y mediática del funcionario, con conferencias de prensa y respaldo público de la cúpula oficialista, la incógnita sobre su estrategia legal sigue abierta.

Siete presentaciones en su contra

Hasta el momento se registran seis denuncias en la Justicia Federal y una en la Oficina Anticorrupción (OA). Entre ellas, las impulsadas por la diputada Marcela Pagano, que apuntan al uso del avión presidencial por parte de la esposa de Adorni, Bettina Angeletti; al presunto enriquecimiento ilícito del funcionario; y a contrataciones sospechosas vinculadas a Tecnópolis y empresas relacionadas con su entorno.

Otras presentaciones incluyen acusaciones por incumplimiento de deberes de funcionario público, uso de un jet privado durante el carnaval y posibles irregularidades éticas en el manejo de recursos estatales.

El intento fallido con Gustavo Ferrari

En Casa Rosada se mencionó inicialmente al abogado Gustavo Ferrari como posible defensor, pero el propio letrado aclaró que no tomará el caso. Ferrari, exministro de Justicia bonaerense durante el gobierno de María Eugenia Vidal, explicó que su especialidad es el derecho comercial y empresarial, no el ámbito penal.

Escándalo y vínculos empresariales

Las denuncias también involucran a figuras cercanas al oficialismo, como Mara Gorini, asesora de la Secretaría General de la Presidencia y mano derecha de Karina Milei, y al empresario Marcelo Dionisio, vinculado al Grupo Foggia. Según Pagano, la consultora +BE, propiedad de Angeletti, mantiene relaciones con empresas que participaron en licitaciones estatales, lo que abre interrogantes sobre posibles conflictos de interés.

Defensa política, vacío legal

Mientras tanto, Adorni buscó mostrarse sólido en su última conferencia de prensa, en la que atacó a la prensa y evitó dar explicaciones detalladas. Según trascendió, fue asesorado por Santiago Caputo en ese frente. Sin embargo, la definición sobre quién asumirá su defensa legal sigue pendiente, en un contexto de creciente presión judicial y mediática.

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