La causa judicial vinculada a la criptomoneda $LIBRA sumó un nuevo capítulo después de que dos querellantes presentaran apelaciones contra la decisión que sobreseyó al presidente Javier Milei, a la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y a los restantes imputados.
Las presentaciones fueron realizadas entre lunes y martes y buscan que una instancia superior revise la resolución dictada por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, que dio por concluida la investigación penal respecto de todos los acusados.
Los cuestionamientos al fallo
Uno de los recursos fue presentado por el inversor Juan Patricio Marchetto, con el patrocinio de los abogados Nicolás Rechanik y Juan Grabois.
La apelación sostiene que la resolución judicial contiene contradicciones, que confunde la falta de pruebas suficientes con la inexistencia de delito y que descartó prematuramente líneas de investigación que todavía permanecían abiertas.
Según el escrito, aún existían medidas pendientes que podrían haber aportado elementos relevantes para determinar responsabilidades dentro de la causa.
Una segunda apelación
A la presentación de Marchetto se sumó otra impulsada por el inversor Martín Romeo, quien además actúa en representación de otros damnificados.
En este caso también se solicitó revisar el fallo y se cuestionó el dictamen fiscal que precedió a los sobreseimientos.
Ambas impugnaciones buscan impedir que la resolución quede firme y trasladar la discusión a instancias superiores de la Justicia federal.
Las comunicaciones entre Novelli y Milei
Entre los puntos resaltados por los apelantes aparecen una serie de comunicaciones telefónicas detectadas durante la investigación.
Según la reconstrucción incorporada al expediente, existieron contactos entre Mauricio Novelli y el entonces candidato Javier Milei en momentos cercanos a la publicación que impulsó la difusión de $LIBRA.
Los querellantes consideran que esos elementos merecían una profundización investigativa antes de cerrar definitivamente el expediente.
La polémica por una anotación encontrada
Otro de los puntos mencionados en las apelaciones es la aparición de una anotación hallada durante los peritajes realizados sobre dispositivos secuestrados en la causa.
Los denunciantes sostienen que ese y otros elementos encontrados durante la investigación debían ser analizados con mayor profundidad antes de disponer los sobreseimientos.
Críticas por medidas que no llegaron a realizarse
Las apelaciones también cuestionan que varias diligencias ordenadas durante la instrucción no llegaron a concretarse o quedaron inconclusas.
Entre ellas se mencionan:
- ampliaciones de pericias sobre teléfonos celulares,
- declaraciones testimoniales pendientes,
- análisis complementarios de documentación,
- y la citación de personas que participaron de reuniones o actividades vinculadas al proyecto investigado.
Según los recurrentes, el expediente fue cerrado sin agotar todas las medidas disponibles.
La discusión seguirá en tribunales
Con estas presentaciones, la decisión de sobreseer a los imputados todavía puede ser revisada por tribunales superiores.
Los apelantes sostienen que aún existen cuestiones pendientes de esclarecimiento y buscan que la investigación continúe.
Mientras tanto, el oficialismo interpreta la resolución judicial como un cierre definitivo del caso y una confirmación de que no existieron conductas delictivas por parte de los funcionarios involucrados.
La continuidad de la causa dependerá ahora de lo que resuelvan las instancias de revisión sobre los recursos presentados por los querellantes.