El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, solicitó el cierre de la causa en la que se lo investiga por una presunta retención indebida de aportes previsionales que superarían los 19 millones de pesos. La presentación fue realizada ante el Juzgado en lo Penal Económico, donde se tramita la investigación iniciada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Argumentos de la defensa
Los abogados de Tapia, Norberto Frontini y Lucio Simonetti, sostuvieron que no existió delito alguno, ya que las entidades sin fines de lucro no estaban obligadas a efectuar dichos pagos en los términos reclamados. En consecuencia, pidieron el sobreseimiento de su defendido. El juez Diego Amarante, a cargo del expediente, solicitó al fiscal Claudio Navas Rial que emita opinión sobre el planteo.
El origen de la causa
La investigación se inició a partir de una denuncia de la División Jurídica de Grandes Contribuyentes del organismo recaudador, que advirtió que la AFA habría retenido aportes previsionales y otros tributos a sus empleados sin realizar el depósito dentro de los plazos legales. Según el fiscal, la conducta encuadra en los artículos 4 y 7 del Régimen Penal Tributario, que sancionan la retención indebida de impuestos y contribuciones.
En su requerimiento de instrucción, Navas Rial imputó a Tapia en su calidad de presidente y responsable de la administración de la clave fiscal de la entidad. Además, señaló que, por la magnitud de la estructura económica de la AFA y los montos involucrados, resulta necesario ampliar la investigación a otros dirigentes vinculados al entramado societario que rodea a la asociación. Entre los mencionados figuran Cristian Ariel Malaspina y Gustavo Lorenzo, quienes, según la pesquisa, tendrían vínculos con el tesorero Pablo Toviggino.
Investigaciones paralelas
En paralelo, Tapia y Toviggino enfrentan otra investigación vinculada a la compra de una propiedad de lujo en la localidad bonaerense de Pilar. Según la hipótesis de los investigadores, la mansión habría sido adquirida a través de testaferros relacionados con dirigentes de la entidad. El inmueble figura a nombre de Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, cuyos ingresos no serían compatibles con una operación de semejante magnitud.
Uno de los elementos que despertó mayor sospecha en el organismo recaudador fueron los consumos con tarjeta de crédito de Pantano, que oscilaron entre los 130.000 y los 600.000 pesos mensuales. Dichos gastos, al igual que los ingresos declarados, no guardan relación con la compra de una mansión valuada en alrededor de 10 millones de dólares ni con la tenencia de una flota de vehículos de alta gama.
Inconsistencias societarias
La firma Real Central SRL, propiedad de Conte y Pantano, declara como actividad principal el servicio de taxis, remises y alquiler de autos con chofer. Sin embargo, no presenta ganancias registradas ante el organismo fiscal. A ello se suma que, según los balances, la empresa no tendría bienes inmuebles a su nombre, pese a que en los registros oficiales figura como titular de propiedades de altísimo valor.
Un caso con impacto institucional
La causa contra Tapia y otros dirigentes de la AFA no solo pone bajo la lupa la administración financiera de la entidad, sino que también abre un debate sobre los controles tributarios aplicados a asociaciones civiles de gran envergadura económica. El desenlace judicial será clave para determinar si existió responsabilidad penal en la retención de aportes y, en paralelo, para esclarecer las operaciones inmobiliarias que involucran a figuras cercanas a la conducción de la institución.