El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, volvió a poner en marcha una política que se convirtió en marca registrada de su gestión: el achique del Estado mediante despidos y retiros voluntarios en organismos descentralizados.
La nueva etapa del plan apunta a reducir la planta de personal en el INTI, SENASA, Aduana, ANMAT, INTA y Vialidad Nacional, áreas estratégicas para la producción, el control sanitario y la infraestructura del país.
La reunión en Casa Rosada
Sturzenegger y Alejandro Tamer, subsecretario de Reforma Estatal, mantuvieron el martes una reunión en la Casa Rosada para afinar los detalles del programa junto a funcionarios libertarios. Según fuentes oficiales, la estrategia busca “mitigar la crisis” mediante recortes en la estructura estatal. “Si se reducen los trabajadores en el Estado habrá más riqueza para la gente”, justificó un funcionario cercano al ministro.
Retiros voluntarios y recortes presupuestarios
La administración de Javier Milei ordenó desde el 27 de febrero la apertura de retiros voluntarios en varios organismos. En el caso del INTA, la medida alcanza a empleados con más de tres años de antigüedad y menos de 65 años, con una indemnización equivalente a 1,5 haberes brutos por cada año de servicio.
El objetivo oficial es reducir al menos mil puestos en cada organismo. “La cifra que esperan que acepte el retiro voluntario está por encima de mil trabajadores”, señaló Julieta Boedo, delegada de ATE-INTA.
En paralelo, la estrategia incluye el desfinanciamiento progresivo de las áreas, como ocurre en Vialidad Nacional, donde los salarios permanecen congelados desde octubre de 2024 pese a una orden judicial que exigía abrir una mesa de negociación.
Reacciones sindicales
Los gremios advirtieron sobre el impacto de los recortes en sectores clave. “El INTA minúsculo que pretende el gobierno no podrá llegar más a cada productor de cada rincón del país. Sin trabajadores no hay desarrollo de la ciencia y sin ciencia no hay soberanía”, denunció Boedo.
Desde Vialidad, la secretaria general Graciela Aleña criticó la política oficial: “Someter a los trabajadores viales a estar por debajo de la línea de pobreza y sin recibir ajuste de salarios, pese a un proceso inflacionario descontrolado, tiene como único objetivo concretar una reestructuración más barata”.
Un plan con impacto político y económico
El relanzamiento de la “motosierra” se inscribe en la estrategia del Gobierno de mostrar firmeza en la reducción del gasto público, en un contexto de salarios deteriorados y conflictividad social creciente. La medida, sin embargo, abre un nuevo frente de tensión con los sindicatos y con sectores productivos que dependen de la asistencia técnica y regulatoria de los organismos afectados.