Mientras disfrutan de un juicio por Zoom, los históricos empresarios de la obra pública compiten para quedarse con las rutas argentinas por 30 años; el organismo vial sobrevivió a los embates y se convirtió en árbitro de un nuevo paradigma.
Un año marcado por la tensión institucional
El 2025 no fue un año más para el mundo de la obra pública vial. Comenzó con un panorama sombrío: la anunciada eliminación de Vialidad Nacional y la apertura del juicio del caso Cuadernos, donde se juzga a los empresarios que durante décadas dominaron el negocio del asfalto y la infraestructura pública. Sin embargo, lo que parecía el fin de una era terminó transformándose en un inesperado renacer para ese entramado de poder.
La Dirección Nacional de Vialidad, símbolo histórico del Estado en materia de caminos, resistió los intentos de disolución. Los empresarios, lejos de enfrentar un proceso judicial con la rigurosidad que se esperaba, encontraron en la virtualidad un refugio cómodo. Y, como si fuera poco, el Gobierno abrió licitaciones que les permiten disputar negocios multimillonarios por tres décadas, consolidando nuevamente a la llamada “casta de la obra pública”.
El decreto que encendió las alarmas
El fin de Vialidad comenzó a gestarse en marzo, cuando trascendió el plan oficial. En julio, el decreto 461/2025 dispuso la disolución de tres organismos emblemáticos: la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Dirección Nacional de Vialidad y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial. En su lugar, se creó la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, con facultades para fiscalizar el transporte terrestre en todo el país.
La medida generó un inmediato rechazo sindical y judicial. La jueza federal Martina Isabel Forns dio lugar parcialmente a una cautelar presentada por el gremio, al considerar que el decreto vulneraba derechos laborales y sindicales. Esa decisión abrió un resquicio que permitió a Vialidad sobrevivir, aunque debilitada, en medio de un escenario de incertidumbre institucional.
El juicio virtual y el “club de la foto carnet”
Mientras tanto, el caso Cuadernos avanzó con un formato insólito. La oralidad, pilar del sistema acusatorio, fue reemplazada por la plataforma Zoom. En la primera audiencia apenas se vieron 16 acusados en pantalla, mientras otros 70 permanecieron ocultos en pestañas que nunca se mostraron. Esa postal dio origen al mote de “club de la foto carnet”, un grupo de empresarios que, pese a estar imputados, lograron diluir su presencia pública.
Las audiencias posteriores consolidaron esa dinámica. Aunque la Sala Amia en Comodoro Py estaba disponible, los jueces prefirieron permanecer en sus despachos del Palacio de Tribunales. Los empresarios, por su parte, siguieron el proceso desde sus casas de fin de semana o residencias de vacaciones, en un escenario que les resultó más beneficioso que incómodo.
El regreso de las concesiones
El “bonus track” llegó en noviembre, cuando el Gobierno abrió las licitaciones para los corredores viales de las rutas 12 y 14, la llamada “Ruta del Mercosur”. Los resultados mostraron nombres habituales: Autovía Construcciones y Servicios, Rovella Carranza, Paolini, Benito Roggio e Hijos y Obring S.A. Todas firmas con larga trayectoria en el sector.
Autovía Construcciones, perteneciente al grupo Cartellone, se quedó con uno de los tramos más importantes. Paradójicamente, la misma empresa cuyos directivos enfrentan acusaciones de cohecho activo será la encargada de administrar rutas estratégicas hasta 2055. El caso Cartellone expone con crudeza la contradicción: procesados por corrupción, pero adjudicatarios de negocios públicos de largo plazo.
Kilómetros de concesión, pocos de obra nueva
En total, se concesionaron 1800 kilómetros de rutas, entre el tramo Sur (rutas 3, 205, 226 y la Autopista Ezeiza-Cañuelas) y el tramo Pampa (ruta 5 entre Luján y Santa Rosa). Apenas 72 kilómetros corresponden a nueva autopista, lo que refleja un modelo centrado más en la explotación de peajes que en la inversión en infraestructura.
Los oferentes, como era previsible, fueron los viejos conocidos del sector. Desde 2018, cuando estalló el caso Cuadernos, la Argentina no ha dictado ninguna norma que limite la participación de empresas imputadas en licitaciones públicas. Esa ausencia regulatoria permitió que el “club de la foto carnet” volviera a competir sin restricciones.
Un sistema que se recicla
El regreso de los empresarios de la obra pública revela la persistencia de un esquema que se recicla con cada gobierno. Los tiempos procesales, la falta de reformas normativas y la impronta privatizadora del actual oficialismo confluyeron para devolverles protagonismo. Vialidad, debilitada pero aún en pie, quedó convertida en árbitro de un nuevo paradigma donde las viejas prácticas vuelven a imponerse.
El año que termina deja una paradoja: mientras las rutas argentinas muestran signos de abandono y deterioro, los empresarios imputados por corrupción celebran desde sus hogares la adjudicación de negocios millonarios. El tablero vial, lejos de renovarse, parece repetir la misma partida con los mismos jugadores.