El Diario del Fin del Mundo presentó un pedido formal de acceso a la información pública ante la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), en el marco de la Ley 27.275, para obtener detalles sobre la administración del Puerto de Ushuaia. La solicitud apunta a esclarecer el uso de recursos, la operatoria y las decisiones tomadas desde la intervención iniciada este año, en medio de cuestionamientos por falta de transparencia.

Información solicitada

Entre los puntos centrales del pedido se incluyen:

  • Personal incorporado desde enero de 2026: modalidad de contratación, funciones, estructura y remuneraciones.
  • Empresas habilitadas para operar en la terminal: permisos otorgados, actividades y condiciones de funcionamiento.
  • Circuito económico: ingresos registrados, facturación, deudas pendientes y documentación respaldatoria.
  • Gastos y contrataciones: detalle de pagos realizados y movimientos de cuentas vinculadas a la operatoria portuaria.

Además, se pidió información sobre el impacto de la intervención en el acceso y permanencia dentro del puerto, tanto para trabajadores como para proveedores y contratistas, así como la legalidad de eventuales restricciones.

Aspectos operativos

La solicitud también abarca cuestiones vinculadas a la actividad diaria de la terminal: registro de arribos y zarpes, incidentes ocurridos y su tratamiento, además del cumplimiento de normas internacionales de seguridad. El objetivo es conocer si la intervención ha modificado la dinámica operativa y si se mantienen los estándares exigidos en materia de control y seguridad marítima.

Contexto de la intervención

El reclamo surge en un escenario de escasa información oficial sobre la gestión del puerto, lo que alimenta dudas respecto de la transparencia en el manejo de fondos y contrataciones. El Puerto de Ushuaia, considerado una de las principales puertas de entrada y salida de la provincia, concentra operaciones estratégicas vinculadas al turismo antártico, la pesca y la logística regional.

La respuesta de la ANPyN será clave para determinar cómo se administran los recursos y si existen mecanismos claros de control en una terminal que cumple un rol central en la economía fueguina.

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