La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó la sentencia de primera instancia dictada por la jueza Loretta Preska, que había condenado a la Argentina a pagar más de 16.000 millones de dólares en el juicio por la expropiación de YPF. La decisión representa un triunfo jurídico de magnitud histórica para el país y elimina una de las contingencias financieras más costosas de su historia.
Un fallo “impensado”
El presidente Javier Milei celebró el resultado en sus redes sociales, calificándolo como “el mayor logro jurídico de la historia nacional”. Según el mandatario, la resolución de la Cámara de Apelaciones constituye “el mejor escenario posible”, con menos del 15% de probabilidades de ocurrencia, y evita que el Estado argentino deba afrontar un pago estimado en torno a los 18.000 millones de dólares. “Ganamos el juicio de YPF”, escribió en su cuenta de X.
Repercusiones políticas y económicas
El ministro de Economía, Luis Caputo, también destacó la noticia y recordó que durante el proceso judicial hubo intentos de negociar un acuerdo extrajudicial (settlement) con los demandantes, pero el Gobierno decidió no avanzar en esa dirección. “Tremenda noticia. Innumerable cantidad de lobistas vinieron a buscar un settlement y jamás les dimos cabida”, afirmó.
La eliminación de esta contingencia judicial podría mejorar la percepción de riesgo del país, aliviar la presión sobre las reservas internacionales y enviar una señal positiva a los inversores respecto de la capacidad de la Argentina para enfrentar litigios internacionales.
Fundamentos del fallo
El analista Sebastián Marill, de Latam Advisors, explicó que la decisión favorable se sustentó en dos puntos centrales: que el estatuto de YPF constituye un contrato bilateral y no plurilateral, y que la Ley de Expropiación de 2012 prevalece sobre los estatutos privados de la compañía. En consecuencia, la Cámara de Apelaciones consideró que la Argentina actuó conforme a derecho al declarar de utilidad pública el 51% de las acciones de la petrolera, entonces en manos de Repsol.
Historia del litigio
El caso se originó en 2012, cuando el Congreso sancionó la Ley 26.741 que dispuso la expropiación de YPF. Los accionistas minoritarios reclamaron compensaciones por no haberse realizado una oferta pública por el resto de las acciones. En 2015, el fondo Burford Capital adquirió los derechos de litigio de las empresas Petersen Energía y Petersen Inversora, que habían quebrado en España tras la nacionalización.
En 2023, la jueza Loretta Preska condenó a la Argentina a pagar 16.000 millones de dólares, fallo que ahora quedó sin efecto tras la revisión de la Cámara de Apelaciones.
Un alivio para el futuro
La decisión judicial despeja uno de los riesgos más relevantes para la economía argentina y fortalece la posición del país en el plano internacional. El alcance completo del fallo y los próximos pasos procesales serán clave para dimensionar su impacto real, pero el resultado ya es considerado un hito jurídico y político de enorme trascendencia.