El diputado nacional Máximo Kirchner volvió a intervenir en el debate sobre la política ambiental y económica al cuestionar una eventual flexibilización de la Ley de Glaciares y vincularla con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), uno de los pilares del esquema impulsado por el Gobierno.
A través de una publicación en redes sociales, el referente de Unión por la Patria planteó interrogantes sobre los objetivos de una modificación de la normativa. “¿Por qué flexibilizar la Ley de Glaciares?”, expresó, y asoció esa posibilidad con los beneficios otorgados a grandes inversores. “¿Por tipos que no van a colaborar porque el RIGI les permite a los 4 años llevarse los dólares sin dejar nada en Argentina?”, cuestionó.
Un debate ambiental y económico
Las declaraciones se producen en medio de versiones sobre posibles cambios en la ley que regula la protección de glaciares y zonas periglaciares, una normativa clave para la actividad minera en regiones cordilleranas. Los proyectos en análisis apuntan a redefinir áreas protegidas y criterios de intervención, en línea con reclamos de sectores productivos que buscan habilitar inversiones en esas zonas.
Kirchner intentó despegar su postura de una confrontación personal con el presidente Javier Milei y planteó el debate en términos estructurales. “No nos oponemos porque quien formula las ideas se llama Milei. Nos oponemos a estas ideas”, afirmó, al encuadrar la discusión como un tema de modelo de desarrollo y gestión de recursos naturales.
La Ley de Glaciares en el centro de la polémica
La Ley de Glaciares, sancionada en 2010, establece la protección de glaciares y ambientes periglaciares como reservas estratégicas de recursos hídricos. Su aplicación ha sido objeto de tensiones entre sectores ambientalistas y la industria minera, que reclama mayor flexibilidad para desarrollar proyectos en zonas cordilleranas.
El Gobierno impulsa iniciativas que buscan compatibilizar la protección ambiental con inversiones de gran escala, especialmente en minería y energía. En ese escenario, la discusión sobre el alcance de la ley se cruza con el debate sobre el RIGI, que otorga beneficios fiscales y cambiarios a proyectos de inversión superiores a los 200 millones de dólares.
Un cruce con proyección política
El planteo de Kirchner reabre un debate que combina variables ambientales, regulatorias y económicas, y que vuelve a poner en discusión el vínculo entre explotación de recursos estratégicos y condiciones para la llegada de capitales.
La polémica refleja la tensión entre dos visiones: la que prioriza la protección de ecosistemas frágiles y la que busca atraer inversiones con reglas más flexibles. En ese marco, la intervención del diputado suma un componente político al debate, al cuestionar no solo la orientación del Gobierno sino también el impacto de sus políticas en la soberanía económica y ambiental del país.