El juicio por la denominada Causa Cuadernos vivió este jueves 19 de marzo una jornada extensa y cargada de tensión en los tribunales de Comodoro Py. Tras la declaración de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner el día anterior, el Tribunal Oral Federal N° 7 (TOF 7) retomó las audiencias con la citación de tres imputados clave en la trama de recaudación vinculada a la obra pública: Oscar Centeno, Juan Manuel Abal Medina, Rafael Llorens y Claudio Uberti.
La audiencia, que se prolongó por casi ocho horas, estuvo marcada por episodios que reflejaron el clima de presión y controversia que rodea al proceso: el silencio de Centeno, el “terror” expuesto por Uberti y las denuncias de “apriete” atribuidas a decisiones judiciales vinculadas al juez Mariano Llorens.
El silencio de Centeno
La figura central de la jornada fue Oscar Centeno, exchofer de Roberto Baratta, cuyas anotaciones en los cuadernos dieron origen al expediente. Citado en calidad de imputado colaborador, Centeno decidió no declarar, amparándose en el programa de protección de testigos. Su negativa fue interpretada como una estrategia para evitar nuevas revelaciones en esta etapa final del juicio, aunque también dejó abiertas múltiples lecturas sobre su rol y credibilidad como testigo clave.
Las defensas reclamaron que no se incorporaran por lectura sus declaraciones previas, pero el Tribunal desestimó el planteo y ratificó que los testimonios de la instrucción forman parte de la prueba.
El “terror” de Uberti
Otro momento destacado fue la declaración de Claudio Uberti, extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales. El exfuncionario se presentó ante el Tribunal, aunque se negó a responder preguntas. En su exposición, describió el “miedo” y la presión que asegura haber sufrido desde el inicio de la investigación, en un tono que buscó evidenciar el impacto personal y político del proceso sobre los acusados.
Uberti insistió en que no es un “traidor” y que su temor está vinculado a las condiciones de detención y a las consecuencias mediáticas del caso, lo que generó un clima de tensión en la sala.
El “apriete” de Llorens
Por su parte, Rafael Llorens, exsubsecretario de Planificación Federal, reconoció haber ejercido presión sobre el empresario Angelo Calcaterra para que cumpliera con los plazos de una obra energética en La Plata. “Lo fui a apretar en nombre del Estado para que terminara la central térmica”, admitió, en un testimonio que generó fuerte repercusión.
Llorens también relató que, mientras estuvo detenido en Ezeiza, recibió sugerencias para acogerse a la ley del arrepentido, incluso por parte del fiscal Carlos Stornelli. Según su versión, se le insinuó que esa era la única vía para recuperar la libertad, lo que reavivó las críticas sobre el uso de la figura del arrepentido en el expediente.
Las defensas y el debate sobre garantías
A lo largo de la jornada, las defensas de varios imputados cuestionaron la incorporación por lectura de las declaraciones de los arrepentidos, alegando que vulnera el derecho a la confrontación y al debido proceso. El abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, advirtió que se trata de un juicio de “enorme trascendencia pública” y reclamó que se respeten las garantías constitucionales.
El Tribunal, sin embargo, ratificó su postura y sostuvo que las declaraciones ya forman parte del expediente, cerrando la discusión en favor de la fiscalía.
Un proceso bajo la lupa
La Causa Cuadernos, que involucra a 87 imputados —entre ellos exfuncionarios, empresarios y financistas—, se ha convertido en uno de los procesos judiciales más emblemáticos de los últimos años en Argentina. La jornada del jueves reflejó la tensión entre las estrategias de defensa, las presiones denunciadas por los acusados y la firmeza del Tribunal en sostener la validez de las pruebas obtenidas en la instrucción.
Con el avance de las indagatorias, el juicio se acerca a su tramo final, en un contexto donde cada declaración, silencio o acusación adquiere un peso político y jurídico significativo. El desenlace será clave para definir no solo las responsabilidades individuales, sino también la legitimidad de un proceso que ha marcado la agenda pública y judicial del país.