La Justicia federal dio un paso decisivo en el amparo presentado por el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), al reconocer su legitimación para representar una acción colectiva destinada a cuestionar la constitucionalidad de dos artículos de la reciente reforma laboral. La entidad sostiene que las modificaciones impugnadas afectan de manera directa el ejercicio profesional, la percepción de honorarios y el funcionamiento histórico del sistema de costas en el fuero laboral.
La presidenta del CPACF, Alejandra García, celebró la resolución y destacó su alcance institucional. Afirmó que “la decisión constituye un primer paso importante porque admite que el Colegio Público representa adecuadamente los intereses de las abogadas y los abogados alcanzados por esas disposiciones y habilita que la causa continúe como proceso colectivo”. El fallo, en efecto, abre la puerta para que la discusión se tramite de manera unificada, evitando la proliferación de miles de demandas individuales.
Un reclamo que involucra a casi 90.000 profesionales
El CPACF, que nuclea a cerca de 90.000 matriculados, promovió la acción para impugnar los artículos 10 y 56 de la Ley 27.802, que modifican los artículos 20 y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). Según la entidad, estas reformas introducen alteraciones sustanciales que comprometen derechos adquiridos y principios estructurales del sistema laboral argentino.
El abogado laboralista Gaston Ferretti, consultado por PERFIL, explicó que el juez federal Martín Cormick entendió que el Colegio reúne los requisitos para impulsar una acción colectiva, al contar con legitimación activa conforme a la Ley 23.187 y representar un universo homogéneo de profesionales afectados por las nuevas disposiciones. Además, el magistrado valoró que un proceso único evita el riesgo de sentencias contradictorias y la saturación del sistema judicial.
Los puntos de la reforma que generan controversia
El planteo del CPACF se centra en dos modificaciones que, a criterio de la entidad, alteran reglas históricas de la LCT y generan un escenario de presión económica sobre los abogados laboralistas.
1. Responsabilidad por costas ante “sobreestimación objetiva” de créditos
El nuevo artículo 20 establece que, si en un juicio laboral se verifica una sobreestimación objetiva de los créditos reclamados, las costas deberán ser afrontadas tanto por la parte actora como por su abogado. En la práctica, esto implica que el profesional podría ser condenado a pagar junto a su cliente si la demanda incluyó una estimación económica considerada excesiva.
Para el Colegio, esta disposición introduce un mecanismo de sanción indirecta que afecta la libertad técnica del abogado, desalienta la defensa de los trabajadores y abre la puerta a interpretaciones subjetivas sobre qué constituye una “sobreestimación”.
2. Pago de sentencias en cuotas para empresas
El segundo eje del amparo apunta al artículo 56, que habilita a las empresas a pagar las sentencias condenatorias en hasta 6 cuotas en el caso de grandes compañías y hasta 12 cuotas para micro, pequeñas y medianas empresas.
El CPACF sostiene que esta modificación vulnera el carácter alimentario de los honorarios profesionales, ya que difiere aún más el cobro de la retribución de los abogados, quienes ya enfrentan procesos laborales que pueden extenderse durante años. García fue contundente: “La posibilidad de diferir en cuotas el pago de los honorarios profesionales desconoce el carácter alimentario de nuestra retribución y posterga aún más el cobro de quienes ya esperan años hasta la finalización de un juicio laboral”.
Un paso previo al análisis de constitucionalidad
La resolución judicial no define aún la validez de los artículos cuestionados, pero sí habilita el camino para que el planteo avance como acción colectiva, un formato que permitirá un debate más ordenado y con impacto general sobre la matrícula profesional.
Con la legitimación reconocida, el expediente continuará su trámite para determinar si los artículos impugnados deben ser declarados inconstitucionales y, eventualmente, quedar sin efecto.
La presidenta del CPACF ratificó que la entidad sostendrá el reclamo hasta obtener una definición de fondo: “Vamos a seguir impulsando esta acción hasta obtener una decisión sobre la cuestión, en defensa del libre ejercicio profesional y del derecho de las abogadas y los abogados a percibir una retribución justa y oportuna”.