La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme el decomiso de casi $685.000 millones sobre el patrimonio de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el empresario Lázaro Báez y el resto de los condenados en la causa “Vialidad”, uno de los expedientes de corrupción más relevantes de las últimas décadas.
El máximo tribunal rechazó por “inadmisible” la queja presentada por la defensa de la exmandataria, que cuestionaba el método de actualización del monto original. La decisión se tomó mediante la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, herramienta que permite desestimar recursos sin tratamiento de fondo cuando no cumplen los requisitos formales.
Los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti también rechazaron el planteo de Lázaro Báez, quien sostenía que el Tribunal Oral Federal N.º 2 (TOF 2) no era competente para ejecutar la medida.
Con esta resolución, el decomiso queda habilitado para avanzar hacia su ejecución, consolidando una de las sanciones económicas más altas dictadas en un caso de corrupción en Argentina.
La condena del TOF 2 y el origen del monto
En diciembre de 2022, el TOF 2 condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, vinculada a 51 licitaciones viales en Santa Cruz adjudicadas al grupo empresarial de Báez.
En ese mismo fallo:
- Cristina Kirchner fue absuelta del cargo de asociación ilícita.
- Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti y cinco exfuncionarios provinciales recibieron penas de entre tres y seis años.
- Julio De Vido, Abel Fatala, Carlos Kirchner y Héctor Garro fueron absueltos.
La sentencia estableció un decomiso solidario de $84.835 millones, monto que debía actualizarse mediante organismos técnicos una vez que el fallo quedara firme. Tras la actualización, el valor asciende hoy a casi $685.000 millones, cifra que refleja el impacto de la inflación acumulada y la magnitud del perjuicio económico detectado por la Justicia.
Qué significa el decomiso y cómo se ejecutará
El decomiso es una medida patrimonial que busca resarcir al Estado por los daños ocasionados por delitos de corrupción. En este caso, la ejecución implica:
- identificar bienes y activos de los condenados,
- avanzar sobre propiedades, cuentas bancarias y sociedades,
- coordinar con organismos técnicos para determinar el valor actualizado,
- y aplicar la responsabilidad solidaria entre todos los involucrados.
La decisión de la Corte despeja el último obstáculo procesal y habilita al TOF 2 a avanzar en la etapa de ejecución, que podría extenderse durante meses debido a la complejidad patrimonial de los condenados.
Un fallo con impacto político y judicial
La resolución del máximo tribunal llega en un contexto de alta sensibilidad política. Cristina Kirchner, condenada pero no detenida, mantiene una presencia activa en el debate público y ha cuestionado reiteradamente la causa Vialidad, calificándola como una persecución judicial.
Sin embargo, la Corte ratificó la validez del proceso y dejó firme uno de los componentes más significativos del fallo: el resarcimiento económico.
Para el sistema judicial, la decisión representa:
- un mensaje de respaldo a los tribunales orales,
- la confirmación de la competencia del TOF 2,
- y la consolidación de un precedente sobre decomisos en casos de corrupción estructural.
El trasfondo del caso: sobreprecios, cartelización y obras inconclusas
La causa Vialidad investigó durante años un esquema de irregularidades en la obra pública de Santa Cruz, incluyendo:
- sobreprecios,
- cartelización de licitaciones,
- abandonos de obras,
- redeterminaciones de costos sin justificación,
- y un vínculo privilegiado entre el Estado y las empresas de Báez.
El decomiso busca compensar el daño económico derivado de esas maniobras, considerado uno de los mayores perjuicios patrimoniales registrados en un expediente de corrupción en Argentina.