La Justicia federal avanzó sobre el patrimonio oculto de Andrés Gerardo Vázquez, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en una causa que ya se perfila como uno de los expedientes de corrupción más sensibles dentro del Gobierno. El juez Marcelo Martínez de Giorgi libró pedidos de información a Estados Unidos para reconstruir el entramado financiero que habría permitido al funcionario adquirir tres departamentos de lujo en Miami valuados en más de US$2 millones, sin declararlos ante los organismos de control.
La investigación apunta a un presunto esquema de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y ocultamiento de activos en el exterior. El impulso decisivo llegó con un dictamen del titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, quien sostuvo que existen elementos suficientes para indagar a Vázquez por omitir deliberadamente esos bienes en sus declaraciones juradas.
Sociedades fantasma, firmas offshore y el rol de sus hijas
Según la reconstrucción judicial, las propiedades en Florida fueron adquiridas entre 2013 y 2015 mediante dos sociedades panameñas: Alcorta Corp. y Pompeya Group Corp. Ambas quedaron bajo el paraguas de Galanthus Capital Limited, una empresa radicada en las Islas Vírgenes Británicas, donde Vázquez figura como beneficiario final.
El detalle que más complica al funcionario es el rol de sus hijas mellizas: desde 2021 actúan como secretaria y tesorera de la firma offshore. Además, desde 2022 viven en uno de los departamentos ubicados en Sunny Isles, lo que refuerza la sospecha de que la familia ejercía control directo sobre los inmuebles.
La PIA también detectó que Vázquez y su exesposa, Silvia Ivone Rodríguez —quien trabaja en ARCA— pagaron US$136.000 en impuestos municipales por esas propiedades y cobraron los reintegros. Incluso la dirección del funcionario en Puerto Madero coincide con la sede declarada por la empresa panameña en los registros oficiales de Florida.
Una defensa endeble y un misterio que la Justicia quiere despejar
En el ámbito interno del Gobierno, Vázquez intentó justificar la situación alegando que los inmuebles pertenecen a un “tercero anónimo”. Sin embargo, nunca aportó esa información ante los tribunales de Comodoro Py.
El avance de la causa depende ahora de la burocracia estadounidense. Fuentes judiciales señalaron que la respuesta podría llegar en dos meses, aunque no descartan que el trámite se empantane por más de dos años, como ocurre habitualmente en pedidos de cooperación internacional.
Los números que no cierran: un salto patrimonial imposible de justificar
La investigación reveló un abismo entre lo declarado y lo gastado. Antes de adquirir las propiedades en Brickell por US$1,1 millones, Vázquez había informado apenas US$40.000 de liquidez. Esa diferencia llevó a los investigadores a poner la lupa sobre Consultora San Andrés SA, una firma controlada por el funcionario y su hermana.
La empresa:
- no tiene empleados registrados,
- llegó a poseer cuatro autos en simultáneo,
- prestó dinero a Vázquez para comprar un departamento,
- y podría haber funcionado como sociedad pantalla para canalizar fondos.
La pista de Puerto Madero: un triplex a precio de remate
La PIA detectó otra operación sospechosa. En 2018, Vázquez compró un triplex de 318 m² en el exclusivo edificio Los Molinos, dentro del complejo Faena. La propiedad fue escriturada por US$226.000, exactamente la mitad del valor de mercado para unidades similares en esa zona.
Para los investigadores, la subvaluación podría ser indicio de:
- lavado de activos,
- triangulación financiera,
- o un acuerdo irregular entre comprador y vendedor.
Pedidos de informes, levantamiento del secreto bancario y una red bajo escrutinio
Para reconstruir la ruta del dinero, el juez Martínez de Giorgi ordenó:
- levantar el secreto bancario de Vázquez y su familia,
- solicitar extractos al Bank of America, PNC y Wells Fargo,
- obtener registros migratorios,
- pedir información al Banco Central,
- requerir documentación al Colegio de Escribanos,
- y exigir datos a la propia ARCA, el organismo que dirige el principal investigado.
La causa avanza con velocidad inusual para un expediente de corrupción, y fuentes judiciales anticipan que, si las pruebas se consolidan, Vázquez podría enfrentar una indagatoria en los próximos meses.
Un caso que golpea el corazón del sistema recaudador
La investigación tiene un impacto político adicional: Vázquez es el funcionario encargado de perseguir la evasión fiscal en la Argentina. Que el principal recaudador del país esté acusado de ocultar bienes millonarios en el exterior coloca al Gobierno ante un escenario de alta sensibilidad institucional.
El expediente, que ya acumula pruebas documentales, registros migratorios y operaciones financieras sospechosas, se perfila como uno de los casos más explosivos del año en Comodoro Py.