El conflicto por la intervención del Puerto de Ushuaia, dispuesto por el gobierno nacional, sumó un nuevo capítulo judicial. La Unidad Fiscal de Ushuaia dictaminó que el Juzgado Federal local es “incompetente” para resolver sobre la legalidad de la medida y que la disputa debe ser tratada directamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al involucrar a una provincia y a un organismo nacional.
La posición de la fiscalía
La fiscal Candela Fernández Núñez sostuvo que corresponde a la Corte Suprema dirimir la controversia y pidió que la presentación legal sea encabezada por la Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego. En paralelo, el Tribunal Oral Federal había rechazado habilitar la feria judicial para tratar el pedido de medida cautelar urgente formulado por el gobernador Gustavo Melella, al considerar que “no se encuentran motivos que ameriten” esa excepción.
Además, se solicitó que se determine si el mandatario provincial está habilitado para intervenir en la causa, dado que esa función correspondería a la Fiscalía de Estado. En la misma resolución, se pidió al secretario Legal y Técnico de la provincia, Emiliano Fossatto, que gestione la matrícula federal para poder actuar en el expediente.
Un conflicto político y geopolítico
La intervención del puerto fue cuestionada por autoridades provinciales, que denunciaron un avasallamiento del federalismo. Roberto Murcia, presidente de la Dirección Provincial de Puertos, advirtió semanas atrás: “Quieren intervenir el Puerto de Ushuaia para entregarlo a Estados Unidos. Están avasallando el federalismo de las provincias”.
El secretario de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Andrés Dachary, fue más allá y vinculó la decisión con un alineamiento internacional: “Es una decisión alineada como un regalo a Trump en la cumbre de Davos y que responde a la doctrina de la ley del más fuerte en la que Milei le entrega el control del puerto de Ushuaia al Comando Sur”.
La construcción de la intervención
El Poder Ejecutivo nacional utilizó como fundamento una denuncia del sindicalista Juan Avellaneda contra la ley provincial N° 1596, que destinaba el superávit del puerto a cubrir la deuda de la obra social estatal OSEF. A partir de esa presentación, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación inició auditorías técnicas y económicas que derivaron en la intervención.
Funcionarios provinciales sostienen que las inspecciones iniciales no detectaron irregularidades graves y que el puerto contaba con certificaciones internacionales de seguridad vigentes. Sin embargo, tras nuevas visitas, se dispuso la intervención y se desplazó a personal con décadas de experiencia en seguridad portuaria, reemplazado por agentes habilitados por la ANPYN.
El debate en el Congreso
El conflicto trascendió el ámbito judicial y llegó al Congreso. El diputado fueguino Jorge Neri Araujo Hernández presentó un proyecto de resolución para convocar a una reunión informativa pública en la Comisión de Transporte. La iniciativa busca que el Parlamento ejerza control político sobre una decisión que involucra una infraestructura considerada estratégica para la Argentina.
“El Puerto de Ushuaia constituye una infraestructura estratégica para la República Argentina, no sólo por su función comercial y logística, sino por su vinculación directa con el Atlántico Sur, la Antártida y las Islas del Atlántico Sur”, remarcó el legislador, quien además recordó el proyecto de Ley de Provincia Archipelágica, recientemente respaldado por el Parlamento del Mercosur.
Un caso de alto impacto institucional
La disputa por el Puerto de Ushuaia combina aspectos judiciales, políticos y geopolíticos. La definición de la Corte Suprema será clave para determinar los alcances de la intervención y el equilibrio entre las competencias provinciales y nacionales en torno a una infraestructura que, por su ubicación estratégica, trasciende lo meramente administrativo y se proyecta como un tema de soberanía y federalismo.