El economista y excandidato presidencial José Luis Espert presentó un escrito de 65 páginas ante el Juzgado Federal N° 2 de San Isidro para solicitar su sobreseimiento —o, en su defecto, la falta de mérito— en la causa donde se lo investiga por presunto lavado de activos vinculado a los US$ 200.000 que recibió en 2019 de Minas del Pueblo S.A., una empresa relacionada con el empresario rionegrino Federico “Fred” Machado, hoy condenado en Estados Unidos por lavado y fraude.
En su presentación, Espert rechazó de manera enfática que el dinero fuera ilícito y defendió la legitimidad del contrato de consultoría que justificó el pago.
“¿De qué me acusan? De ‘lavar’ el pago de un contrato de consultoría. Un contrato firmado ante escribano en 2019 y apostillado por el Estado argentino. Los contratos truchos no se llevan al Colegio de Escribanos”, escribió.
El contrato y los correos electrónicos como eje de la defensa
La acusación del fiscal Fernando Domínguez sostiene que el contrato con Minas del Pueblo S.A. habría sido una pantalla para encubrir fondos de origen ilícito. Espert respondió que desconocía cualquier irregularidad de Machado y que los US$ 200.000 correspondían al primer pago de un acuerdo profesional valuado en US$ 1 millón, destinado a “reordenar la deuda de una minera y diseñar su plan estratégico”.
Para respaldar su versión, la defensa incorporó:
- 11 correos electrónicos intercambiados entre mayo y septiembre de 2019.
- Una pericia informática forense.
- Certificación notarial.
- Mecanismos de verificación técnica de autenticidad.
- Testimonios de personas vinculadas a esas comunicaciones.
- Informes solicitados a organismos públicos para demostrar que no existían alertas sobre Machado en ese momento.
Las operaciones posteriores y la acusación de lavado
La investigación sostiene que Espert utilizó esos fondos para comprar vehículos y realizar una inversión inmobiliaria. El economista respondió que todas las operaciones fueron registradas a su nombre, con documentación completa:
“Compré un auto en una concesionaria oficial, con factura, transferencia bancaria y certificación en el registro público. Una operación habitual fue presentada como ‘lavado’”.
También negó haber devuelto el dinero cuando se conocieron los antecedentes de Machado:
“¿Y saben cuánta plata volvió a Machado? CERO. Ni un dólar”.
El argumento jurídico: ausencia de ocultamiento y de beneficiario final
Uno de los puntos centrales del descargo apunta al tipo penal de lavado (art. 303 del Código Penal). Espert sostiene que no hubo propósito de ocultamiento ni un beneficiario final distinto de él mismo, lo que —según su defensa— desarma la hipótesis de lavado.
En redes sociales, reforzó esa idea con ironía:
“¿Entonces ‘lavé’ para mí? ¿Planifiqué todo al detalle —escribano, apostilla, correos, testigos— y justo me ‘descuidé’ en que la plata viniera de la cuenta de un tercero y sin factura? ¿El genio del crimen y el chapucero, la misma persona? Por favor.”
El factor temporal: cuándo se conocieron los antecedentes de Machado
La defensa subraya que las investigaciones internacionales sobre Machado se conocieron públicamente recién en abril de 2021, un año y medio después del contrato.
“Machado era investigado en secreto por EE.UU. desde 2016, pero recién se supo en abril de 2021. Por eso siguió entrando y saliendo de países como si nada. ¿Y el único que ‘debía saberlo’ era yo?”, cuestionó Espert.