En una de las votaciones más voluminosas de los últimos años, el Senado de la Nación aprobó este jueves 74 pliegos judiciales enviados por el Poder Ejecutivo para cubrir vacantes en juzgados, fiscalías y defensorías de todo el país. La sesión estuvo atravesada por la polémica en torno al caso de María Verónica Michelli, cuyo pliego había sido objetado por el presidente Javier Milei, y por la presencia de postulantes con vínculos familiares o laborales con jueces de alto perfil.
Entre los nombres aprobados figuran Tomás Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti; Ana María Juan, esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi; María Julia Sosa, colaboradora directa del juez Julián Ercolini; y Laureano Durán, con trayectoria en la Justicia Federal de La Plata y vínculos históricos con sectores judiciales bonaerenses.
El caso Michelli: el pliego que tensó la relación entre el Senado y la Casa Rosada
La designación de María Verónica Michelli fue uno de los puntos más controvertidos de la sesión. La magistrada, con más de tres décadas de carrera judicial, había sido inicialmente incluida por el propio oficialismo en la lista de candidatos, pero días antes la Casa Rosada intentó retirar su pliego tras conocerse su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon, autor de investigaciones críticas sobre el Gobierno.
Pese al pedido del Ejecutivo, el Senado decidió avanzar con el tratamiento y terminó aprobando su designación junto con el resto del paquete. La maniobra fue interpretada como un gesto de autonomía institucional y, al mismo tiempo, como un desafío político al Presidente.
Una votación masiva con nombres de peso en el Poder Judicial
La sesión especial permitió avanzar en una de las tandas más amplias de designaciones judiciales de los últimos años. Entre los pliegos aprobados se destacaron:
• Tomás (Emilio) Rosatti
Propuesto para integrar un tribunal federal en Santa Fe. Su candidatura cobró notoriedad por tratarse del hijo del presidente de la Corte Suprema.
• Ana María Cristina Juan
Postulada para un cargo judicial tras desempeñarse en distintos ámbitos de la Justicia. Su vínculo con el juez Martínez de Giorgi generó atención política y mediática.
• María Julia Sosa
Funcionaria del juzgado federal de Julián Ercolini, uno de los magistrados con mayor exposición pública por intervenir en causas de alto impacto político y económico.
• Laureano Durán
Con antecedentes en la Justicia Federal de La Plata, su nombre está asociado a estructuras judiciales bonaerenses con fuerte peso histórico.
Además, se aprobaron pliegos de fiscales, defensores públicos, conjueces y magistrados de cámaras federales y nacionales. Muchos de los postulantes desarrollaron gran parte de su carrera dentro del Poder Judicial antes de ser promovidos a nuevas funciones.
Un paso clave para cubrir vacantes estructurales
Las designaciones forman parte de un proceso destinado a reducir el elevado número de vacantes existentes en la Justicia federal y nacional. Informes oficiales han señalado que numerosos tribunales funcionan desde hace años con cargos sin cubrir, lo que afecta la celeridad y el funcionamiento del sistema judicial.
Los pliegos habían sido remitidos por el Poder Ejecutivo tras atravesar las etapas de concursos, entrevistas y evaluaciones del Consejo de la Magistratura y otros organismos competentes, según el cargo involucrado.
Durante el debate, los senadores votaron los expedientes en bloques. Algunos pliegos obtuvieron amplias mayorías, mientras que otros registraron rechazos o abstenciones, reflejando diferencias políticas internas.
Con la aprobación del Senado, los 74 postulantes quedaron habilitados para continuar el proceso formal de designación.
Otros temas tratados en la sesión
Además del paquete de pliegos, la Cámara alta avanzó con dos iniciativas relevantes:
• Acuerdo con holdouts
Se otorgó media sanción al convenio de conciliación para pagar US$ 171 millones a los fondos acreedores Bainbridge Ltd. y Attestor Value, con una quita superior al 30%.
• Reorganización de cámaras federales
Se aprobó la creación de una segunda sala en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata y la reorganización interna de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, con el objetivo de mejorar la estructura judicial en ambas jurisdicciones.