El megaproyecto Vicuña, la mayor inversión minera en la historia argentina, decidió importar desde China un campamento habitacional completo para alojar a miles de trabajadores en la cordillera de San Juan. La decisión, tomada bajo los beneficios aduaneros del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), generó fuerte malestar en la industria local, que advierte por la pérdida de una cadena de valor estratégica y por la mínima diferencia económica que dejó afuera a una empresa argentina.
El proyecto, impulsado por Lundin Mining y BHP, adjudicó la construcción de la segunda etapa del complejo de módulos habitacionales “Batidero” —que incorporará 2.500 camas— a un consorcio liderado por PowerChina, junto con Beijing Chengdong y la firma santafesina RAFA S.A.. La oferta ganadora fue de US$ 52 millones, frente a los US$ 70 millones presentados por la empresa argentina Modular Homes.
La decisión contrasta con la estrategia geopolítica del Gobierno, que en los últimos meses endureció su alineamiento con Estados Unidos y estableció límites explícitos a la participación china en sectores sensibles. Sin embargo, el mayor proyecto minero del país terminará importando una “ciudad llave en mano” desde Asia, con beneficios fiscales y aduaneros otorgados por el propio Estado.
La minera defendió la adjudicación, pero crece la polémica
En un comunicado, la compañía sostuvo que la propuesta seleccionada “fue la que mejor respondió a los requerimientos técnicos, de ejecución, seguridad, plazo y costo para una infraestructura de esta escala y complejidad”. También afirmó que más del 95% de sus trabajadores son argentinos y que el 73% proviene de San Juan.
PowerChina tendrá a su cargo la gestión integral bajo modalidad EPC, Beijing Chengdong construirá los módulos en China y RAFA S.A. realizará el movimiento de suelos, fundaciones y montaje en el sitio. De este modo, la mayor parte del valor agregado —materiales, maquinaria y empleo industrial— quedará en manos extranjeras, con participación local limitada a tareas logísticas y de instalación.
Según fuentes del sector, la gerenciadora del proyecto, Fluor, había recomendado adjudicar la obra a la empresa argentina por su mejor oferta técnica. También señalan que no hubo una instancia de interacción para permitirle mejorar su propuesta, pese a que la firma ya había trabajado en etapas previas del proyecto cuando se llamaba San José.
La minera respondió que el proceso fue “interactivo” y que todos los consorcios debían presentar mejoras sucesivas hasta llegar a la “Mejor Oferta Final”.
Un golpe a la industria local: pérdida de empleo y de cadena de valor
La decisión encendió alarmas en el sector industrial argentino. El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Modular Industrializada (CACMI), Juan Pablo Rudoni, advirtió que la importación del campamento implica la pérdida de al menos 150 empleos directos y decenas de indirectos vinculados a unas 50 empresas proveedoras.
“Cuando una obra de esta magnitud se ejecuta íntegramente con insumos importados, se pierde una oportunidad estratégica para el país”, afirmó.
Rudoni también cuestionó la calidad de los módulos chinos, señalando que “no son comparables” con los estándares necesarios para las condiciones climáticas extremas de la cordillera.
Según el sector, aunque RAFA S.A. participará en la logística y montaje, el 60% del empleo se genera en la fábrica que produce los módulos, actividad que quedará completamente en China.
Un proyecto monumental bajo el paraguas del RIGI
El megaproyecto Vicuña representa una inversión total estimada en US$ 18.000 millones, una de las mayores en la historia argentina. La iniciativa solicitó su ingreso al RIGI en diciembre de 2025 como Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP).
El plan contempla tres etapas:
- Construcción y puesta en marcha del yacimiento Josemaría (unos US$ 7.000 millones) hacia 2030.
- Desarrollo progresivo del depósito binacional Filo del Sol.
- Expansión de infraestructura y capacidad productiva.
El proyecto estima una producción promedio de 400.000 toneladas de cobre por año durante sus primeros 25 años de operación, con un fuerte impacto en las exportaciones.
Un debate que recién comienza
La adjudicación a empresas chinas reavivó la discusión sobre el impacto del RIGI en la industria nacional. Mientras el Gobierno defiende el régimen como herramienta para atraer inversiones de gran escala, sectores productivos advierten que, sin salvaguardas, puede profundizar la dependencia importadora y debilitar cadenas de valor locales.
El caso Vicuña se convirtió en el primer test de esa tensión: una inversión histórica que, al mismo tiempo, expone los límites del modelo de desarrollo basado exclusivamente en incentivos fiscales y apertura irrestricta.